Habitantes de Tila, en Chiapas, urgieron para que haya una presencia permanente de fuerzas de seguridad, ante los ataques de los que fueron objeto durante las semanas anteriores por parte de grupos delincuenciales.
La tarde del miércoles pasado, un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de Río Grande, un anexo del ejido en el municipio de Tila, Chiapas, y atacó a ejidatarios que se desplazaban en un vehículo.
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La agresión dejó un saldo preliminar de dos personas asesinadas y al menos cuatro heridas por impactos de arma de fuego, denunciaron organismos defensores de derechos humanos.
Por ello, también pidieron que las fuerzas de seguridad actúen con imparcialidad y se emprendan investigaciones exhaustivas sobre los homicidios, así como medidas de protección para las personas que fueron desplazadas u objeto de amenazas.
Violencia recurrente en Tila
La embestida en Río Grande se inscribe en un contexto de violencia recurrente en el municipio de Tila, donde desde hace décadas persiste un conflicto agrario y político que ha derivado en la presencia de grupos armados con control territorial parcial.
A mediados de enero pasado, ejidatarios y pobladores de los anexos Cantioc y Río Grande hicieron un llamado público al Gobierno estatal para frenar las amenazas de muerte y la incursión de hombres armados que, según denunciaron, operan con impunidad.
En el pronunciamiento señalaron a un presunto líder conocido como El Quemado, a quien identifican como cabeza de un grupo denominado Los Autónomos.
En ese documento, dirigido también a la Fiscalía estatal y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los firmantes aseguraron que existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse contra personas señaladas por homicidios y ataques previos.
Desde entonces, la vida cotidiana se ha visto restringida. Campesinos han dejado de acudir a cafetales y milpas por temor a emboscadas o desapariciones.
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Crimen agria situación
El 10 de septiembre de 2025, el asesinato del comisariado ejidal José Pérez Martínez, en una vereda cercana a Río Grande, marcó un nuevo punto de escalada del conflicto.
Pobladores de comunidades como Cantioc, Unión Juárez y Misijá denunciaron que hombres armados se preparaban para ingresar a viviendas y expulsar por la fuerza a personas identificadas como integrantes del grupo de Los Legales. La viuda del comisariado, según denunciaron organizaciones civiles, fue objeto de amenazas y permanece desplazada.