Beatriz vive en Naucalpan, Estado de México, enviudó hace 15 años y sus hijos vendieron su departamento para pagar las deudas por su enfermedad. A partir de ese momento, su vida ha sido un ir y venir a casa de sus hijos, sus hermanas y hasta los sobrinos.
Lleva su vida en un par de bolsas de plástico, porque no tiene ni un cajón donde guardar sus cosas o una maleta decente.
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Desde hace unos cuatro años, está dos semanas con un hijo y dos con otro. La vida de Beatriz no es fácil: a sus 87 años sufre maltrato de su entorno familiar.
Alicia, es la que más la hostiga. No le permite ni sacar sus cosas de las bolsas, la casa está llena de cámaras para vigilar lo que hace Bety, incluso, cuando ve algo que toca algo que no “debe”, le grita a la distancia para que deje las cosas donde están.
Edomex a la cabeza
De acuerdo con registros de fiscalías locales, procuradurías de protección e institutos estatales de envejecimiento, el Estado de México, Puebla y Jalisco concentran el mayor número de carpetas de investigación respecto a conductas que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de los adultos mayores.
Esta realidad local se enmarca en un contexto nacional: académicos del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM calculan que casi 30 por ciento de la población de 60 años o más en el país sufre algún tipo de maltrato.
En el Edomex, la entidad más poblada de México, los balances de sistemas como la Línea Adulto Mayor y el Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM) reportan más de 2 mil atenciones e investigaciones anuales por violencia familiar.
Focos rojos
Los focos rojos se ubican en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Naucalpan, donde las denuncias por abandono, lesiones y retención indebida de pensiones registran sus niveles más severos.
Por su parte, cifras de la Fiscalía General de Puebla, correspondientes al periodo de enero a agosto de 2026, dan cuenta de un escenario crítico: se contabilizan mil 576 delitos cometidos contra adultos mayores, lo que equivale a un promedio de 11 denuncias diarias en la entidad, encabezadas por amenazas, lesiones y robo.
En Jalisco, instituciones como el DIF estatal y municipal atienden un promedio histórico de mil 200 a mil 500 acusaciones anuales. A esto se suman estados del Bajío como Guanajuato y Querétaro, donde las Procuradurías de Protección de la Familia reportan que hasta 45 por ciento de sus expedientes corresponden a violencia económica o despojo ejercido por los propios hijos.
La última agresión que sufrió Beatriz fue de su hijo, pues estaba sola, abrió la puerta y sin querer escapó la mascota de su nuera, a partir de ahí cuando le toca estar en su casa la encierran con llave, lo que le impide salir, incluso en una emergencia. Su vida es, literal, un verdadero infierno, del que no puede salir, porque tampoco cuenta con recursos para permanecer sola en su propio departamento.
Especialistas advierten sobre una elevada cifra negra, ya que el miedo a represalias y la dependencia económica impiden que la mayoría acuda a denunciar.