La migración es uno de los temas más importantes en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. De los once millones de migrantes irregulares viviendo en Estados Unidos, la mitad son mexicanos. Por lo tanto, una parte esencial en la formulación de la política exterior mexicana gira –o debería girar– en torno a qué hacer ante un fenómeno tan complejo. Varios gobiernos han intentado negociar con Estados Unidos la tan ansiada reforma migratoria, pero éstos han fracasado (un ejemplo fue la “enchilada completa” que en su momento propuso el gobierno de Vicente Fox). Si bien se debe en parte a que el enfoque mexicano ha estado mal direccionado, esto también se explica por las dinámicas de la migración al interior de Estados Unidos.
Para Estados Unidos, el tema se trata exclusivamente a nivel interno. Son muchos los actores involucrados en la materia y, muchas veces, sus opiniones son encontradas, por lo que se generan las polémicas de las que emana la falta de acuerdos. Los intentos más concretos y recientes por conseguir una reforma al sistema se dieron en 2001 y en 2007. Ambos fracasaron, por diferentes motivos, aunque la necesidad de reforma y la aceptación de que el sistema está desbordado se mantienen.
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La reelección de Barack Obama trajo consigo una nueva oportunidad de conseguir la tan anhelada reforma migratoria. Los latinos se convirtieron en un electorado fundamental para la victoria de Obama; 70% de ellos votó por él. Además, debido a su ubicación, su voto se volvió estratégico ya que dominaron en los estados más reñidos, como Nevada, Florida o Colorado. Con la participación electoral también llegaron las exigencias.
Obama había marcado el tema migratorio como una prioridad durante su primer término y aceptó que no haberlo conseguido era de sus principales pendientes al conseguir la reelección. Los republicanos aceptaron que el momento de cambiar el discurso llegó y prometieron trabajar en conjunto con los demócratas y la Casa Blanca para producir legislación en la materia.
El pasado lunes 28 de enero, un grupo bipartidista de senadores presentó una propuesta para reformar el sistema migratorio. Encabezados por el demócrata Charles Schummer y el republicano John McCain –quien ha destacado en este tema por haber propuesto iniciativas años anteriores– anunciaron que esperan contar con el proyecto de legislación listo para presentarlo ante las Cámaras en marzo y votar sobre él antes del receso de agosto.
La propuesta contempla una vía para conseguir la ciudadanía, pero depende de que haya más seguridad fronteriza y una aplicación estricta de las leyes migratorias en los lugares de trabajo. En el grupo también se encuentran los demócratas Robert Menéndez, Richard Durban y Michael Bennet y los republicanos Jeff Flake, Lindsay Graham y Marco Rubio, quien, por su origen cubano, se ha mantenido como un importante referente en la materia en su partido.
Por su parte, Obama presentó sus propias propuestas al día siguiente, durante un discurso que dio en Las Vegas. El Presidente dejó entrever que su propuesta contempla una vía para obtener la ciudadanía no condicionada a otros elementos, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la aplicación más rígida de las leyes migratorias en los sitios de trabajo. Aseguró que buscará hacer la migración más efectiva y que la solución radica en una simplificación de procesos, en una vía para obtener la ciudadanía, y en mejoras dentro del sistema legal para que Estados Unidos continúe siendo un imán para los mejores y más brillantes migrantes calificados alrededor del mundo.
Si bien estos anuncios dejan ver que existe la oportunidad y la disposición de conseguir un acuerdo en la materia, también se debe tomar en cuenta que éstas son las primeras acciones y que restan muchos obstáculos que vencer. Es cierto que la coyuntura actual en el país norteamericano ayuda (los flujos migratorios están pasando por un momento de desaceleración y la frontera se considera ahora más segura que nunca); sin embargo, es probable que el debate en la Cámara de Representantes sea complicado, ya que los legisladores más opuestos a la reforma migratoria se encuentran en esta rama del Legislativo. El speaker de la Cámara baja, John Boehner, no manifestó la misma anticipación ante los proyectos presentados. Por su parte, el Senado se limitó a declarar que espera conocer más acerca de la propuesta, sin hacer compromisos sobre su futuro.
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No obstante el optimismo inicial ante los principios que Obama defenderá en la negociación, es importante tomar en cuenta que en el debate se ha omitido el qué hacer respecto a los futuros flujos migratorios hacia Estados Unidos. Al contrario, se aprovecha al máximo la situación actual y presupone que estas tendencias se mantendrán. En este escenario, cabe preguntarse ¿México cómo ha reaccionado? ¿Debería haber una estrategia futura?
La percepción tradicional que el gobierno mexicano ha tenido respecto a la emigración –siendo la principal arista del fenómeno en el país– se ha mantenido bajo la línea de la “política de la no política,” concentrándose casi en exclusiva a la protección de los connacionales en el exterior. Por lo tanto, no es de sorprender el mensaje que la Cancillería transmitió por medio de un comunicado, horas después del anuncio de Obama. En el aviso, el gobierno mexicano dio la bienvenida a los principios planteados por Obama y el grupo bipartidista de senadores, así como al esfuerzo por garantizar la protección de los derechos de los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, y concluye que promoverá la discusión informada de las dimensiones del tema.
Cabe preguntarse si es deseable un cambio de la perspectiva tradicional sobre el tema que ha predominado por décadas. Más allá de dar seguimiento al desarrollo del debate en Estados Unidos, México debe plantearse primeramente qué objetivos deben buscarse y cuáles deben ser las responsabilidades como país de origen. ¿Qué desearíamos nosotros que se incluya en el debate? ¿Cualquiera que sea el resultado adoptado en el Congreso nos beneficiaría? ¿Qué más tenemos que hacer? La reforma migratoria se negociará con base en los intereses estadunidenses y, por tanto, habrá que cuestionarnos seriamente sobre los retos y las oportunidades que los temas presentados y omitidos de ésta presentarán a nuestro país.
Ir más allá de la mera protección a mexicanos en el exterior es una tarea difícil, pero necesaria. Plantear acciones que involucren directamente la cooperación con Estados Unidos, como el compromiso de promover flujos migratorios legales, ordenados y seguros; así como las acciones que México debe realizar a su interior –por ejemplo, el fomento a la migración de retorno– son algunas de las acciones que deben empezar a diseñarse. En este apartado resulta urgente adoptar una posición más responsable respecto a la condición de México como un país de transmigración, donde la interpretación errónea de la libertad de tránsito ha conducido al aumento de la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos.
Por el momento, nuestro país se ha enfocado a políticas cortoplacistas que sólo han reaccionado a la coyuntura de la política estadunidense. Sin demeritar las labores de protección que la red consular ha llevado a cabo en muchas ciudades estadunidenses, así como el papel de “amigos de la Corte” que el gobierno mexicano desempeñó durante las demandas contra la ola de leyes antimigrantes publicadas en varios estados de la Unión Americana, lo cierto es que estas acciones han sido rebasadas por la complejidad de la realidad migratoria que involucra a ambos países. Continuar por la línea de la inacción y el reclamo ya resulta totalmente inviable; el enfoque que debe adoptarse es el de la corresponsabilidad.
Una versión anterior de este texto aparecerá en el libro Agenda para las relaciones exteriores de México: reflexiones y propuestas, editado por el ITAM y coordinado por Guadalupe González y Olga Pellicer.
