SAO PAULO. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, negó que la detención de los presidentes de las constructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht, las mayores del país y vinculadas al escándalo de corrupción en Petrobras, vaya a afectar el plan de infraestructura impulsado por el Gobierno.

 

«Ese plan de concesiones es fundamental para el desarrollo económico y social y será realizado con absoluta transparencia, lisura, y acompañado por todos los órganos de fiscalización», declaró Cardozo en entrevista publicada hoy por el diario O Estado de Sao Paulo.

 

Los presidentes de las empresas Andrade Gutiérrez y Odebrecht fueron detenidos el viernes por la policía en el marco de las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras, que llegaron así a dos de las más importantes constructoras de Brasil.

 

Las autoridades detuvieron a Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, acusados de fraude en licitaciones y formación de cartel y que presiden respectivamente Odebrecht y Andrade Gutiérrez, dos empresas con operaciones en decenas de países.

 

El pasado 9 de junio, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció un nuevo plan de infraestructura por 198,400 millones de reales (unos 969 mil millones de pesos), con el que busca seducir a la inversión privada y recuperar a la maltrecha economía del país.

 

El nuevo plan, el cuarto que Brasil anuncia en infraestructuras en la última década, abarca obras en los sectores de ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos, que serán ofrecidas en concesión al sector privado nacional y extranjero con una financiación de la banca pública que, según el proyecto, variará entre el 70% y 90%.

 

No obstante, los nexos con el caso de corrupción en Petrobras de las más importantes constructoras del país, ha sembrado dudas en la ejecución de los millonarios proyectos.

 

Odebrecht y Andrade Gutiérrez, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su supuesta participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos dos mil millones de dólares.

 

De acuerdo con la policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4% y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.

 

Las empresas, según las autoridades, eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.

 

Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.