BRASILIA. El futuro de Rousseff ha quedado encomendado a 65 diputados que integrarán una comisión elegida, que determinará si existen méritos jurídicos para la apertura de un proceso con miras a su destitución, que el pasado domingo fue exigida en unas protestas en las que participaron 3.6 millones de personas.

 

La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso, que puede prolongarse durante meses y estirar así una crisis política con gravísimas repercusiones en la economía brasileña, que se ha sumergido en una profunda recesión.

 

Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

 

El proceso comenzó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por «errores de procedimiento» detectados por la Corte Suprema, y fue retomado después de que este miércoles el tribunal esclareció el trámite.

 

Si bien las maniobras dirigidas a maquillar los resultados del gobierno dieron pie a la solicitud, el proceso ha sido retomado completamente contaminado por el agravamiento que ha tenido la aguda y creciente crisis política del país, desatada por los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.

 

Este miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.

 

Ayer, el Tribunal Supremo de Brasil dio cinco días de plazo para que la Fiscalía, el Gobierno y el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, presten informaciones antes de analizar dos demandas contra el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia.

 

Las dos demandas cuestionan que el nombramiento de Lula tiene el supuesto objetivo de protegerle de los tribunales comunes en los que se ha abierto causas contra él y en los que la Fiscalía ha presentado cargos formales por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.

 

La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.

 

El nombramiento de Lula está en suspenso, por una decisión cautelar tomada por un juez federal de Brasilia ante otra demanda presentada por partidos opositores, aunque el gobierno ya ha presentado un recurso.