BRASILIA. La crisis política que afecta a Brasil ha llevado a numerosos críticos del gobierno de Dilma Rousseff, entre ellos parlamentarios opositores, a promover un juicio político que podría significar la destitución de la mandataria, a quien se le recrimina su inacción ante la crisis de corrupción en Petrobras y el haber incumplido la ley –presuntamente– manipulando las cuentas fiscales para permitir un mayor gasto del gobierno en los meses previos a la elección que ganó en octubre pasado.
Diputados de los cuatro más importantes partidos de la oposición brasileña conformaron el "Movimiento Pro-Impeachment", en favor de un juicio contra Rousseff.
"La finalidad de este movimiento es iniciar un amplio proceso de convencimiento en el Parlamento y la sociedad, sobre la necesidad de que se tomen medidas concretas contra este Gobierno", declaró el diputado Carlos Sampaio, al anunciar la decisión de ese grupo.
A la iniciativa se sumaron diputados de los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Solidaridad (SD) y Demócratas (DEM), que esperan contar hasta con el apoyo de muchos parlamentarios de la base oficialista, también descontentos con la gestión de Rousseff.
Sampaio, del PSDB, dijo que los diputados de ese movimiento están convencidos de que existen razones políticas y jurídicas para que un eventual juicio contra Rousseff vaya adelante.
Asimismo, mencionó sospechas de que el dinero de la corrupción petrolera sirvió también para alimentar las finanzas de la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, lo cual está bajo investigación de las autoridades electorales y policiales.
Además de buscar apoyo parlamentario para un posible juicio contra Rousseff, el "Movimiento Pro-Impeachment" también se propone iniciar una recogida de firmas entre la sociedad, a fin de reforzar la "voz ya expresada en las calles", declaró Sampaio.
El diputado se refirió así a multitudinarias protestas que este año han llevado a millones de personas a las calles para protestar contra el Gobierno y, en ocasiones, exigir la renuncia o destitución de la presidenta.
Rousseff, quien el pasado 1 de enero asumió su segundo mandato de cuatro años, atraviesa por uno de sus momentos más difíciles desde que está en el poder, acorralada por una economía en recesión y una fragmentación de su base política que, en parte, ha sido generada por las corruptelas en Petrobras.
La combinación de las crisis política y económica han derrumbado su popularidad, que los últimos sondeos han situado en unos mínimos históricos de entre 7 y 8%.
En medio de ese complicado escenario, el Gobierno recibió otro mazazo este miércoles, cuando la agencia Standard & Poors (S&P) rebajó la nota de riesgo de Brasil al nivel BB+, considerado como de "bono basura", y con perspectiva negativa.
Esta es la primera agencia de riesgo que le quita a Brasil el llamado "grado de inversión", la calificación que se otorga a los buenos pagadores y que Brasil gozaba desde 2008.
