BRASILIA. La justicia brasileña autorizó el inicio de otra investigación sobre supuestas propiedades del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, centrada ahora en una finca que frecuenta pero de la que niega ser dueño.

 

El caso ha sido difundido por la prensa local, que en los últimos días ha levantado serias sospechas sobre el verdadero propietario de una finca campestre de 173 mil metros cuadrados situada en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.

 

Según diferentes versiones publicadas por la prensa, apoyadas en informaciones del propio gobierno, el sitio ha sido visitado por Lula y su familia «111 veces» en los últimos años y en los registros oficiales aparecen como propietarios dos amigos del exmandatario.

 

Sin embargo, la prensa sostiene que empresas implicadas en las corruptelas en la estatal Petrobras han realizado costosas reformas en la propiedad, que incluso habría sido amueblada por el propio Lula.

 

El ex presidente ha admitido que visita la finca con frecuencia, pero ha negado una y otra vez que sea su dueño y sostiene que existe una «trama» que intenta «ensuciar» su nombre y tratar de vincularlo a la corrupción petrolera.

 

Este caso se relaciona con otro ya en trámite en la justicia, que también salpica a Lula e intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera se blanqueó mediante operaciones ilegales en el sector inmobiliario.

 

Esa investigación está centrada en un edificio situado en la ciudad balneario de Guarujá y propiedad de la constructora OAS, en el cual se sospecha que Lula posee un departamento de tres plantas, pese a que éste también lo ha negado en varias ocasiones.

 

El departamento está registrado en nombre de OAS, implicada en la corrupción petrolera y también responsable por algunas de las reformas realizadas en la finca que ahora se investiga.

 

Según sospecha la Policía Federal, la empresa OAS distribuyó apartamentos en el edificio de Guarujá como parte de las coimas que pagaba a los políticos que amparaban los desvíos de Petrobras.

 

En ese caso, Lula aparece como «investigado» por los supuestos delitos de «ocultación de patrimonio» y «lavado de dinero».

 

El ex mandatario también es objeto de otra investigación judicial, abierta sobre la base de supuestas irregularidades y fraudes en el dictado de decretos que, durante su gestión presidencial, otorgaron beneficios fiscales a empresas del sector automotor.