MADRID. El parlamento de Cataluña rechazó la reelección de Artur Mas, presidente en funciones y principal promotor de la independencia catalana, mientras el gobierno español continúa los trámites para presentar mañana ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la declaración independentista.

 

Mas, presidente desde 2010, estuvo respaldados por los 62 diputados de la coalición de partidos Junts pel si que lidera, pero obtuvo los votos en contra del resto de los partidos de la Cámara, un total de 73 escaños.

 

Los diez diputados del partido CUP (izquierda radical), su único aliado en el Parlamento catalán en defensa de la declaración independentista y que ha apoyado la propuesta de «desconexión» del Estado español, también han rechazado su reelección por su vinculación a casos de corrupción y que haya hecho poca política social en una época de crisis económica.

 

Tras el rechazo a Artur Mas en la votación en el Parlamento catalán, está previsto que el jueves próximo se celebre una segunda ronda, de nuevo con Mas como candidato y para la que le bastaría una mayoría simple. Para ello debe conseguir algún apoyo adicional o la abstención de al menos una docena de diputados.

 

Durante el debate de, Mas ha acusado al PP (centro derecha), el partido que gobierna en el Ejecutivo central, haber «sembrado la semilla de la discordia» en el conflicto Cataluña-España.

 

En paralelo, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del gobierno español, ha emitido un informe en el que resuelve que la resolución secesionista tiene una clara «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución y al orden institucional y contraviene los principios de soberanía nacional y unidad de la nación española.

 

Este informe, que será presentado como fundamento jurídico para el recurso que mañana presenta el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, cree que la resolución soberanista «implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-» y «niega» el orden constitucional vigente en su conjunto.

 

Si todas las previsiones se cumple y el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del gobierno central, la resolución de independencia será suspendida inmediatamente y los magistrados tendrán un período de hasta cinco meses para dirimir la inconstitucionalidad o no de la moción de los secesionistas catalanes y llegar a una sentencia.

 

En esta misma jornada, Rajoy se reunió con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con un objetivo claro en la cabeza: obtener su apoyo ante el avance de la resolución independentista. Sanchéz le dio el visto bueno para que recurra ante el Tribunal Constitucional: «El Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para restaurar la democracia y la Constitución. La decisión de los independentistas no responde al mandado de las urnas».