SAO PAULO. Las consignas contra la triple crisis económica, política e institucional que sacude a Brasil país coparon las calles de ciudades y pueblos del país. Grupos de manifestantes participaron en un día de protestas antigubernamentales a nivel nacional, considerado un termómetro del descontento popular con la presidenta Dilma Rousseff.
Las protestas, convocadas principalmente en las redes sociales por una serie de organizaciones, fustigan a Rousseff, cuyo segundo período en el gobierno se ha visto conmovido por un creciente escándalo de corrupción que ha involucrado a políticos de su Partido de los Trabajadores, así como por una economía vacilante, la depreciación de la moneda y el aumento de la inflación.
Es la tercera manifestación antigubernamental a gran escala este año, después de otras en marzo y abril.
En Sao Paulo, capital industrial y económica del país, donde el descontento con Rousseff tiende a atraer grandes multitudes, pareció inicialmente que muchas de las marchas previas tuvieron una afluencia relativamente modesta. Ni los organizadores de esa protesta ni la policía habían dado todavía ningún cálculo de asistencia, pero después del mediodía al menos diez cuadras de la avenida estaban completamente ocupadas por manifestantes. Se anticipaban más de 200 marchas en todo el país.
Miles de personas, muchas de ellas portando banderas nacionales, se manifestaron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras que en Brasilia una multitud coreaba «¡Fuera Dilma!, «¡Fuera Dilma!». La marcha reunió unas 30 mil personas y fue encabezada por un enorme muñeco de unos cinco metros de altura, similar a Lula y vestido con un traje a rayas de presidiario.
Cerca de de 16 estados, incluyendo la metrópolis amazónica de Belem, Recife, en el noreste; y en Belo Horizonte, en el centro del país registraron movimientos.
Las manifestaciones fueron convocadas principalmente por grupos de activistas en la red que demandan desde el juicio político a la presidenta hasta el retorno a una dictadura militar como la que rigió de 1964 a 1985.
La operación «Lavado de coches» que comenzó hace más de un año como una investigación a un plan en el que se daban sobornos a cambio de contratos en Petrobras, ha expuesto la amplitud de la corrupción que permea en la sociedad brasileña debido a la implicación de miembros del Partido de los Trabajadores y de otras fuerzas políticas, así como de ejecutivos de poderosas compañías constructoras.
Una encuesta tomada este mes indicó que apenas el 8% de los encuestados consideraba que el gobierno era «excelente» o «bueno». Por el contrario, el 71% consideró que el gobierno era «un fracaso».
El PT ha convocado diversas manifestaciones «en defensa de la democracia» y «contra el golpe» para el próximo jueves.
Caso Lava Jato salpica a gobiernos de García y Humala
Las esquirlas del escándalo de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato, relacionado con la empresa estatal brasileña Petrobras, ha colocado en la mira al gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala y a los principales líderes políticos tras las investigaciones abiertas por presuntos sobornos pagados por empresas a políticos y ex funcionarios para ganar licitaciones públicas.
La aprobación a Humala bajó a 17%, dos puntos menos que en julio pasado, y un 42% de entrevistados por la empresa Ipsos dijo creer que su gobierno incurrió en los actos de corrupción denunciados en Brasil.
En el marco de ese caso, la Fiscalía de Perú participa en las pesquisas iniciadas en Brasil para verificar las sospechas sobre el presunto pago de coimas en la construcción de la carretera Interoceánica durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).
