RÍO DE JANEIRO. Los militares brasileños han ignorado los pedidos de que realicen una «intervención» contra el Gobierno, que se han oído en las recientes protestas contra la presidenta Dilma Rousseff, afirmó el ministro de Defensa, Jaques Wagner.
Ese llamamiento tiene una adhesión «con tendencia a cero» en los cuarteles, dijo Wagner en declaraciones a periodistas y ante la presencia de varios generales, después de participar en la apertura de la feria de defensa LAAD Defence & Security.
El ministro dijo que siente «tristeza» por ver que una parte de los brasileños desea una intervención militar, aunque sostuvo que es una parte «minoritaria, de entre el 9% y el 11%», de los que participaron en las protestas.
El llamamiento a una intervención militar, según Wagner, es una «afrenta contra la democracia» y no sólo afecta al Gobierno sino a todas las instituciones del Estado.
Las protestas más multitudinarias contra Rousseff y contra la corrupción se produjeron el pasado 15 de marzo, cuando se congregaron a cerca de dos millones de personas en decenas de ciudades.
El pasado domingo las protestas se repitieron, pero congregaron sólo a unas 700 mil personas en un centenar de ciudades, según cálculos de la Policía, aunque en este caso los manifestantes pusieron más énfasis en pedir la renuncia o la destitución de Rousseff.
Wagner dijo que la «bandera de la destitución no consigue motivar» a la mayoría de los brasileños y valoró que el Gobierno recibió «con humildad y tranquilidad» las manifestaciones.
La LAAD es la mayor feria de defensa de América Latina, congrega a delegaciones oficiales y expositores de 71 países y se extenderá hasta el próximo viernes en Río de Janeiro.
No hay razón para enjuiciar a Rousseff
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reiteró que «no hay razones jurídicas» para iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, como exigieron algunos grupos que protestaron este domingo contra el Gobierno.
«Para un proceso de destitución es necesario tener fundamentos jurídicos, no políticos», declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Diputados, organismo responsable por tramitar cualquier pedido de esa naturaleza.
Según Cunha, las razones jurídicas necesarias para dar cabida a un proceso de destitución «no existen», por lo que toda solicitud en ese sentido será rechazada por la Cámara de Diputados.
Tanto en la primera como en la segunda jornada de protestas (15 de marzo y 12 de abril) contra la presidenta Rousseff hubo grupos que demandaron el inicio de un juicio político contra ella por la delicada situación económica y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpican al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder.
Una encuesta divulgada el pasado sábado por la firma Datafolha indicó que la tasa de aprobación del Gobierno de Rousseff, quien el 1 de enero pasado inició su segundo mandato, se sitúa en un escaso 13%.
El sondeo también señaló que el 75% de las personas consultadas aprueba las manifestaciones y que un 63% apoyaría la apertura de un juicio político contra Rousseff, por su supuesta responsabilidad en las corruptelas que se investigan en Petrobras.
