El juicio en Nicaragua en contra de 18 mexicanos acusados por supuestos delitos de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico se celebrará este lunes bajo estrictas medidas de seguridad.

 

Los periodistas nacionales e internacionales han sido citados en horas del mediodía del lunes en el edificio de los tribunales de justicia en Managua, informó una fuente de la oficina de Relaciones Publicas del poder Judicial.

 

En esta oportunidad, habrá «más seguridad que en las jornadas anteriores» del proceso en contra de los extranjeros que se identificaban como personal de la cadena de televisión mexicana Televisa, dijo el portavoz del poder Judicial, Roberto Larios.

 

Por la «transcendencia» del caso, la policía decidió reforzar las medidas de seguridad para «evitar cualquier percance», declaró Larios al Canal 2 de Televisión.

 

A la audiencia, asistirá el personal judicial, los representantes de la Fiscalía, los defensores, los reos y unos 50 periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación previamente inscritos para la cobertura, apuntó.

 

Expresó que ninguno de los familiares de los indiciados ha solicitado autorización para asistir a la audiencia de juicio.

 

La abogada defensora Johanna Fonseca afirmó a Notimex que los familiares no viajarían a Managua, al menos en la presente etapa del proceso.

 

Abogados nicaragüenses asistirán en calidad de observadores y en representación de Televisa, que ha negado que esas personas sean sus empleados ni las seis camionetas vans con logotipos de la empresa sean de su propiedad.

 

La Fiscalía nicaragüense acusó a los detenidos por supuesto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, luego de su detención en una frontera del norte del país con 9.2 millones de dólares, el pasado 20 de agosto.

 

El juez Edgard Altamirano está a cargo del sonado caso y ha considerado al grupo «de alta peligrosidad» por supuestas relaciones con el grupo delictivo de los Zetas de México.

 

La presunta líder del grupo Raquel Alatorre Correa, realizó los trámites migratorios del grupo, el pago del alojamiento y la alimentación en un conocido hotel capitalino, según la versión policial.

 

Los abogados Ramón Rojas Méndez y Johanna Fonseca han declarado que tratarán de desechar la acusación de coautoría de tráfico internacional de drogas porque sería «insuficiente» el hallazgo de partículas de cocaína en los vehículos para probar ese delito.

 

En la defensa, participan seis abogados con experiencia, sin embargo, hasta el momento, tres de los 18 detenidos continúan presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, pese a las peticiones de defensa para su traslado al sistema penitenciario.