Las Comisiones Unidas del Senado aprobó, con ligeros cambios, el proyecto de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este miércoles, momentos antes de que pase al Pleno para su discusión y eventual aprobación, el dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y aliados, y el rechazo de la Oposición que consideró insuficientes los ajustes.
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Iniciativa pretende modernizar la justicia constitucional y fiscal
Sobre el proyecto que se revisará en la sesión vespertina de la Cámara Alta, el morenista Javier Corral -presidente de la Comisión de Justicia- indicó que la iniciativa pretende modernizar la justicia constitucional y fiscal, al incorporar las propuestas vertidas en las audiencias públicas.
“El dictamen que hoy ponemos a consideración responde a una iniciativa enviada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 15 de septiembre, con la pretensión de adecuar la Ley de Amparo (…) con el propósito de armonizarlos con los avances tecnológicos, las exigencias de certeza jurídica y las demandas ciudadanas de acceso a una justicia más pronta y expedita”, sostuvo.
Sobre los ajustes, Corral Jurado detalló que se preciso que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva, además de que se eliminó la exigencia de que “la lesión sea actual y también que el beneficio obtenido sea directo, para dejar claro que puede derivar de la pertenencia a un colectivo”.
Se mantiene la sanción a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales pero se amplió de 60 a 90 días el plazo para dictar sentencia.
“Con cuatro palabras logramos atajar el riesgo de restringir el acceso a la justicia mediante el interés legítimo”, asentó Javier Corral.
Ajustes a la reforma a la Ley de Amparo
Estos son los ajustes al dictamen:
- Se precisó que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva, y se eliminó la exigencia de que sea actual o de que el beneficio sea directo.
- Se mantuvo la sanción a servidores públicos que incumplan sentencias de amparo, evitando trasladar la responsabilidad al Estado.
- El plazo para dictar sentencia se amplió de 60 a 90 días naturales, atendiendo al rezago judicial.
- Se acotó la noción de orden público e interés social para negar suspensiones, se limitará a actividades reguladas como telecomunicaciones, agua, carreteras o servicios financieros sin concesión o autorización.
- Se detallaron las formas de garantía del interés fiscal y se amplió de tres a cinco días el plazo para exhibirlas.
- En el Código Fiscal de la Federación se cerró la puerta a reabrir litigios sobre cobro firme de créditos.
- Se corrigió un error en el régimen transitorio, por lo que los juicios en trámite se resuelvan conforme a la ley vigente al inicio del proceso.
Reforma es restrictiva y autoritaria: PRI
Pese a la defensa de Corral de los cambios, el PRI consideró que “la reforma es restrictiva y autoritaria”.
Lo anterior, en voz de Claudia Anaya, quien acusó que el proyecto es un retroceso que afecta tratados internacionales y deja en la indefensión a ciudadanos y empresarios.
“Estamos ante un cambio de paradigma, porque en 2011, cuando hicimos la reforma al artículo primero, se reconoció el principio de progresividad y caminamos hacia un Estado más garantista. Hoy lo que se propone es absolutamente restrictivo de los derechos fundamentales y se despega de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención de Viena”, destacó.
“Este dictamen es restrictivo, regresivo y representa un modelo mucho más autoritario, con un gobierno que da menos garantías a los ciudadanos y que va en contra de nuestra propia Constitución y de los tratados internacionales”, advirtió.
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Por su parte, Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) indicó que la reforma busca debilitar el amparo como herramienta ciudadana.
“Esta reforma es un grave retroceso porque la mayoría legislativa, de un plumazo, va a echar abajo los avances que se tuvieron con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y con la Ley de Amparo de 2013”, expresó.
De tal suerte que, a nombre de su bancada rechazó la propuesta ya que “es un golpe a la justicia y a la libertad de los mexicanos”.