La Corte Suprema de Brasil anuló hoy la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que decidirá si existen razones jurídicas para el proceso en contra la presidenta Dilma Russeff, por lo que el Congreso deberá reiniciar todo el trámite para un juicio político.
Después de dos días de debates, los once magistrados de la corte aceptaron parcialmente algunas de las apelaciones que el oficialismo presentó frente al proceso contra Rousseff, que comenzó el pasado día 8 en la Cámara de Diputados con la designación de esa comisión.
Por una muy ajustada mayoría, el tribunal decidió que la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que analizará el caso no podrá ser secreta y que los partidos políticos representados en la Cámara baja postularán a los miembros de ese grupo, que serán elegidos en forma individual y no a través de listas.
De esa manera, la corte anuló la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en una votación realizada bajo secreto.
Tras esta decisión de la corte, la Cámara de Diputados tendrá que decidir ahora para cuándo convocará la sesión en que se elegirán los nuevos miembros de la comisión.
La definición de esa fecha estará atada también a lo que decida el Parlamento sobre su tradicional receso de fin de año, que, según el calendario legislativo, comienza el próximo día 22 y se extiende hasta el 2 de febrero de 2016.
Uno de los puntos más relevantes de la decisión de hoy ha sido la determinación de que serán los partidos políticos los que escogerán a quienes los representarán en la comisión, lo que le da más poder al jefe de la bancada de cada formación en la Cámara baja.
Según el Supremo, Rousseff tendrá una amplia garantía de defensa durante el proceso y, en especial, frente a la comisión de diputados que decidirá sobre la legalidad de un eventual proceso.
El tribunal también ratificó que esa comisión preparará un informe, favorable o no al proceso, que deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el pleno de la Cámara de Diputados, que tiene 513 miembros.
Si la mayoría calificada del pleno votara por la continuidad del proceso, la palabra pasaría el Senado, que examinaría la decisión adoptada por los diputados y podría optar por archivar la causa o iniciar lo que sería el propio juicio político.
En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.
