Que si legalizar el consumo de mariguana provocaría más adictos o que el Estado debe controlar el mercado de drogas y no el crimen organizado, fueron algunos de los puntos polémicos que llevaron al choque entre activistas durante el último día del Foro Internacional de Drogas, organizado por la Cámara de Diputados.
La controversia se presentó durante la discusión “Política de Drogas desde la perspectiva de la Sociedad Civil”, donde una parte de los ponentes apoyó una estrategia más abierta de la legalización y control de drogas esté en manos del Estado, mientras que otros llamaron a una política más prohibicionista y de apego al apoyo de los consumidores, vistos como pacientes de una enfermedad.
“Yo no creo que tengamos que tener una política más fuerte en contra de las drogas, justo creo lo contrario, la política debe ser de apertura porque es un derecho de cualquier adulto ponerse en el cuerpo lo que mejor le convenga. Ya llevamos 50 años de prohibición y la gente no ha dejado de consumir, los que producen lo siguen haciendo, y sin embargo, tenemos mucho más corrupción en las autoridades y cárceles llenas de gente que no deberían estar allí”, acusó María Elena Morera, presidenta de la Asolación civil Causa Común.
En contraparte, Isabel Miranda de Wallace, quien preside la asociación Alto al Secuestro reviró que “México no está preparado para hablar de licencias de producción y comercialización (de drogas) por las instituciones tan débiles que tenemos (…) En qué momento le quitas la etiqueta de narcomenudista y lo pasas a productor o distribuidor de mariguana. Falta mucho por debatir”.
Durante las ponencias, donde también estuvieron Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); y de Gustavo Parra Noriega, presidente del patronato estatal de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), la divergencia de perspectivas también derivó en el cómo las autoridades mexicanas han menguado en la elaboración de políticas públicas efectivas en materia de regulación de drogas.
Durante su participación, Torres Landa refirió que la actual política “ha sido desastrosa”, debido a que actualmente hay estudios sólidos que establecen que la prohibición no incide en el nivel de consumo, pues hay una base estable de consumidores, pero esa postura de prohibir sí puede incidir en los niveles de violencia, persecución, y hacinamiento.
“Estamos hablando de regulación no de liberación, no se propone que cualquier droga, licita o ilícita se venda en supermercados como caramelos. Lo que pedimos al Estado es que regrese a su papel de tutelar y que ejerza su capacidad de regulación para protegernos, pero no prohibiendo”, instó.
Argumento que previamente fue demeritado por Gustavo Parra, quien consideró que a la fecha no había ningún estudio científico que pudiera constatar que la mariguana, como ejemplo de droga ilícita, tuviera algún beneficio como uso terapéutico.
“Con la legalización se generarían mayores gastos en salud, por el mayor consumo y sus consecuencias, como el caso del tabaco que los costos de salud representan casi 75 mil millones de pesos frente a 25 mil millones que se recaudan”, reviró.
A manera de soluciones, Miranda de Wallace propuso que “más allá de la corrupción (en las autoridades), lo que sí tenemos que hacer inmediatamente es ampliar la infraestructura en los centros de atención (a adictos), hacer un padrón de las personas adictas e invitarlas a que acudan a estos centros, porque hoy por hoy la adicción se ve como algo vergonzoso”.
En defensa de una política más abierta, María Elena Morera reconoció que una regulación del mercado podría generar problemas “pero va ver menos que los que hay ahorita. El pago que hemos hecho los mexicanos en violencia por prohibir la drogas creo que es mucho más caro que cualquier otro por el hecho de que la gente la consuma”.
