La sociedad civil  Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra denunciaron la falta de atención y respuesta de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Claudia Ruiz Massieu, por el caso de su director, el ambientalista y activista mexicano Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras desde el pasado 3 de marzo, tras el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres, quien mantenía una lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en un ataque en la que el mismo mexicano resultó herido.

 

«Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra preocupación por la falta de respuesta y atención de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, al caso de Gustavo Castro Soto.

 

A casi un mes, de que la jueza hondureña Victorina Flores decretara una alerta migratoria por treinta días para Castro Soto, “sin un marco legal adecuado y contradiciendo el derecho a ser protegido como víctima de un atentado fuera de su país”, Otros Mundos Chiapas señala que la Cancillería no ha hecho valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado por ambos países.

 

A través de este nuevo comunicado Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra exigen a Relaciones Exteriores que preste la atención necesaria al caso del mexicano y brinde apoyo total para su pronto regreso.

 

Además, precisan, la Cancillería debe actuar para salvaguardar la seguridad física y psicológica de «nuestro compañero» Gustavo Castro, recibir a la familia Castro Soto. Garantizar su integridad y poner el más alto nivel de acciones para que esto suceda.

 

Gustavo Castro fue testigo del asesinato de su amiga y compañera, y desde entonces las autoridades hondureñas no le han permitido regresar a México, por considerarlo «pieza clave para la investigación del crimen”, sin embargo tampoco se brindan las medidas de seguridad necesarias como “testigo protegido”.

 

Otros Mundos destaca que la SRE tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro ya que sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza, que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo.

 

También, señala, conoce las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Oscar Castro quien se encuentra acompañándole.

 

La organización agrega además que en los próximos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberá dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Castro Soto entre ellos para revocar la alerta migratoria por treinta días, un amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, un Habeas Corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo.

 

«Es necesario que estos tengan una respuesta favorable», señalan.

 

Todos los recursos, destacan, fueron avalados y apoyados por redes, universidades, organizaciones, movimientos nacionales e internacionales, quienes a través del envió del Amicus Curie y cartas dirigidas a la Juez y al Fiscal General de Honduras, actúan de forma inmediata a favor de la protección de derechos del ciudadano mexicano.

 

Destacan que todo esto cobra mucha más fuerza ante los señalamientos que los familiares de Bertha Cáceres, el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres hacen acerca de las irregularidades en el caso del asesinato de Berta y de la violación de derechos humanos a Gustavo Castro.