El 30 de junio de 2014, mandos militares solicitaron a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que retardara su arribo a Tlatlaya, donde perdieron la vida 22 civiles tras un presunto enfrentamiento con el Ejército.
La petición se hizo para tratar de encubrir a soldados que intervinieron en el asesinato extrajudicial de por lo menos 15 civiles, de los 22 que resultaron muertos ese día, según las conclusiones de la CNDH.
Ayer, a través de una relatoría ante diputados federales sobre lo que ocurrió en Tlatlaya, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, reveló: “me volví a comunicar con el general (José Luis Sánchez León, comandante de la 22 Zona Militar) y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”, indicó ayer durante una comparecencia con integrantes de la comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El funcionario mexiquense recordó que aquel 30 de junio sostuvo una serie comunicaciones con el responsable de la 22 Zona Militar, general José Luis Sánchez León, quien le había solicitado la intervención de peritos en el lugar.
Sin embargo, Manzur Quiroga explicó que el general de brigada (hoy removido de este cargo), advirtió que el personal debería acudir con cautela hacía el municipio de Tlatlaya ante el riesgo de una posible agresión por parte de delincuentes.
“Había por ahí alguna posibilidad de que hubiese más personas en el trayecto de Toluca hacia Tlatlaya y que pudieran tener algún riesgo los funcionarios de la procuraduría de justicia”, explicó.
El también diputado federal del PRI con licencia, José Manzur Quiroga, reconoció que el personal de la Procuraduría de justicia mexiquense arribó al lugar de los hechos seis horas después de los primeros reportes del mando castrense sobre el presunto enfrentamiento.
“Estos hechos sucedieron a las seis de la mañana y el personal de la Procuraduría tuvo oportunidad de ingresar a las bodegas a las 12 del día; esto quiere decir que, entre el momento en qué sucedieron los hechos y la Procuraduría tuvo la oportunidad de estar en el lugar, pasaron seis horas”, afirmó el funcionario mexiquense.
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Fuero federal
Tras concluir la reunión, Manzur Quiroga dijo a 24 HORAS que la posible comisión de delitos por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de civiles es una acción que debe estar a cargo de la Federación, es decir, la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia autoridad castrense.
“No nos corresponde a nosotros, eso es un asunto federal, nosotros (las autoridades del Estado de México) lo único que tendríamos que ver en este momento es la recomendación de la CNDH en relación a las tres mujeres, que primero se les reconoció su carácter de víctimas fue la procuraduría general del estado”, explicó.
En este sentido, aclaró que las diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la administración mexiquense son atendidas “de manera puntual”.
“Mantenemos una vinculación estrecha con las unidades estatales y municipales de los derechos humanos para afinar los mecanismos de prevención y capacitación y con las cuales contribuimos para facilitar el cumplimiento de sus funciones”.
“Al mismo tiempo, se ha puesto énfasis en la respuesta de las recomendaciones emitidas por los organismos de protección a los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones dirigidas al Estado de México, todas y cada una de las cuales están siendo atendidas puntualmente”, apuntó.
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Víctimas, de Guerrero
Manzur Quiroga también dio a conocer que la mayoría de las víctimas de Tlatlaya eran originarias del municipio de Altamirano, Guerrero.
“Incluso su dirección y los teléfonos para poder localizar a sus familiares son del estado de Guerrero, de Altamirano. La mayoría de las personas que murieron en estos lamentables hechos también son del estado de Guerrero”, reveló.
En cuanto a la indemnización de tres mujeres, cuya situación jurídica pasó de testigos a víctimas, aseguró que el gobierno estatal ya tiene listo un fideicomiso para realizar los pagos relacionados a tratar de resarcir los daños contra ellas.
“Nosotros tendríamos que indemnizar, en caso de que así se determinara a las tres mujeres, que repito, el Estado de México, la Procuraduría, les cambió la situación jurídica de ser testigos a ser víctimas, (…) en el momento en que se determine la cantidad de la indemnización, el Estado de México tiene listo un fideicomiso para hacer los pagos correspondientes”, explicó.
