La defensa del esposo de Pilar Garrido cuenta con lo que considera un sesgo de la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas al considerar las evidencias sobre la muerte de la española para revocar la vinculación a juicio de su cliente.

 

La desaparición y muerte de la valenciana Pilar Garrido dio esta semana un vuelco de 180 grados cuando la Procuraduría de Tamaulipas acusó a su marido, Jorge Fernández, de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa.

 

Fernández siempre sostuvo que la pareja regresaba el 2 de julio a Ciudad Victoria, cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su esposa, de 34 años.

 

Su abogado, Martín Lozano, remarcó que la Procuraduría tiene elementos «muy débiles», especialmente porque falta determinar «la causa de la muerte».

 

Indicó que las autoridades se basaron en una hipótesis elaborada por una perito en antropología para acusar a Fernández.

 

Al anunciar el miércoles la detención de Fernández, el fiscal estatal, Irving Barrios, afirmó que Garrido «falleció a consecuencia de asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento», y «presentaba lesiones tanto en nariz, cráneo y cuello».

 

Según la hipótesis elaborada por la Procuraduría, la muerte se produjo tras un golpe en la nariz que hizo perder el equilibrio a Garrido, quien cayó sobre una superficie dura, golpeándose en la región occipital.

 

Una vez en el suelo habría sido estrangulada y por ello el cadáver presenta una fractura del hueso hioides, en la parte anterior del cuello.

 

«Es una hipótesis que se contrapone con la autopsia», aseveró el abogado, quien aseguró que la Procuraduría descartó la opinión de la médica forense, cuyas conclusiones, no obstante, también están integradas en la investigación.

 

De acuerdo con Lozano, esta doctora determinó que «no hay causa ni fecha exacta de la muerte, porque no hay lesiones ni fracturas en los restos óseos» hallados el 26 de julio, lo que «echa por tierra la otra hipótesis».

 

Otros elementos de la acusación de la Procuraduría son las supuestas discrepancias en el testimonio de Fernández sobre cómo aconteció el crimen y la tardanza en llegar a la capital estatal y denunciar el suceso.

 

El mismo domingo 2 de julio, el esposo acudió a una unidad especializada contra el secuestro y un agente le tomó «verbalmente» su declaración del suceso, si bien no se abrió un acta hasta el día siguiente, aseguró el abogado.

 

Acerca del recorrido entre el balneario de La Pesca y Ciudad Victoria -160 kilómetros, que según el fiscal Barrios, Fernández realizó en más tiempo de lo habitual-, el abogado explicó que la tardanza «no está realmente acreditada».

 

El suceso dejó a Fernández «terriblemente asustado» y no encendió el vehículo enseguida porque los secuestradores lo amenazaron con violentar a su esposa si los seguía. También le ordenaron no hacer llamadas, indicó el letrado.

 

Con estos argumentos, la defensa espera lograr una anulación de la vinculación a proceso del esposo de Garrido, con quien llevaba más de una década y con quien tenía un bebé de un año.

 

Por el momento, Fernández se encuentra en prisión preventiva y pasará recluido en Ciudad Victoria al menos tres meses, lapso que la Procuraduría de Tamaulipas pidió al juez para terminar la investigación.

 

La madre de Fernández, Adriana González, aseguró a Efe que su hijo es un chivo expiatorio porque el Gobierno estaba «muy presionado por la prensa internacional».

 

«Mi hijo es inocente», dijo González, y pidió a las autoridades de Tamaulipas investigar la vinculación del crimen organizado con el asesinato de Garrido.

 

Enfatizó que en este estado «no hay hechos aislados», en alusión a los elevados niveles de inseguridad que hay desde hace años en esa región de México por las actividades de los grupos del crimen organizado, principalmente el cártel del Golfo y los Zetas.

 

«Este es un problema estatal gravísimo en los últimos años», sostuvo González, y lamentó que las autoridades no hayan ahondado en «otras líneas de investigación».

 

Dijo entender el proceso legal contra Fernández, pero consideró que «no es justo que nada más se fueron sobre él; no le dieron el beneficio de la duda».

 

«Creemos en la Justicia de México y nuestro estado», afirmó González, quien también dijo confiar en que su hijo saldrá de prisión.

 

aarl