La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá dar a conocer el número, el grado, así como la unidad y batallón a la que pertenecían cada uno de los militares que participaron en la confrontación con un presunto grupo criminal en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
A través de un comunicado, el IFAI indicó que en respuesta a un particular que solicitó esos datos.
La Procuraduría General de Justicia Militar señaló que la información se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares, que no han causado estado.
Sin embargo, quien solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
En dicho recurso, el solicitante manifestó que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.
En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise sobre el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación.
En su oficio de alegatos, la Sedena reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
Villalobos advirtió que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador.
Asimismo, destacó que los datos relativos al grado, así como la unidad y batallón a la que pertenecían cada uno de los militares, se localizan en diversos archivos administrativos desde antes que cometan algún tipo de delito, tales como expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.
Por tanto, enfatizó la comisionada, que dar a conocer los datos requeridos por el particular, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.
Agregó que los datos requeridos son de carácter genérico que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso. Además, manifestó, la Sedena en ocasiones anteriores ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud con número de folio 0000700115413, en la cual dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.
La ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, enfatizó.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del IFAI revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos referidos.
GH
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