La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pondrá a prueba por primera vez la aplicación de una de las normas de la reforma educativa en 12 estados, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

 

Los trabajadores de la educación de estos estados acordaron faltar al trabajo durante tres días y dejar sin clases a cuando menos tres millones 905 mil 085 estudiantes, de acuerdo con los datos del Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de la Educación Básica.

 

Este sería su segundo paro del año, después de la suspensión de 24 horas del pasado 21 de enero, que sólo se concretó en Oaxaca y Michoacán. Ahora, la suspensión de actividades se acordó de 72 horas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

 

Sin embargo, en esta ocasión sí amerita sanción, pues de acuerdo con el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, vigente desde septiembre de 2013, los profesores que se ausenten de su trabajo de manera injustificada por más de tres días consecutivos o discontinuos en un mes “será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.

 

En su Asamblea Estatal Permanente, que se celebró el pasado sábado 31 de enero en la capital oaxaqueña, la disidencia magisterial acordó que los 81 mil 130 profesores registrados en su plantilleo suspenderán clases en Oaxaca, informó el vocero de la sección 22 del SNTE Mohamed Otaqui Toledo.

 

La justificación es que el gobierno federal aún no ha liberado el pago de la primera y segunda quincena de enero y la segunda parte del aguinaldo de tres mil trabajadores de la educación contratados por honorarios.

 

Además, en cuando menos 12 de los 26 estados donde la disidencia magisterial tiene más fuerza, entre ellos Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, también se acordaron paros para protestar por la falta de pagos a trabajadores de la disidencia magisterial que no fueron incluidos en la nómina centralizada del gobierno federal.

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