El condado de Los Ángeles declaró un estado de emergencia en respuesta a las redadas migratorias desplegadas por la administración de Donald Trump, en una medida sin precedentes que busca frenar el impacto económico y social de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los Ángeles declara estado de emergencia ante redadas del ICE
La decisión, aprobada por la Junta de Supervisores del condado —el órgano de gobierno local encargado de administrar políticas públicas, presupuestos y emergencias— con una votación de 4 a 1, permitirá canalizar recursos para apoyar a las comunidades afectadas, especialmente a inquilinos y trabajadores que han perdido ingresos por las detenciones masivas.
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El anuncio marca una ruptura con la forma en que se suelen aplicar este tipo de declaraciones, habitualmente reservadas para desastres naturales. En este caso, las autoridades locales argumentaron que la crisis generada por las redadas constituye una “emergencia provocada por el propio gobierno federal”.
Según declaró la supervisora Lindsey Horvath a Los Angeles Times, una de las impulsoras del decreto, “las familias viven bajo amenaza constante y los trabajadores son arrancados de sus empleos; debemos usar todo el peso del gobierno local para protegerlos”.
Las operaciones del ICE en el sur de California han resultado en miles de detenciones desde agosto, principalmente de personas de origen latino.
Denuncias de numerosos grupos civiles
Grupos de derechos civiles han denunciado que los agentes actúan con máscaras y criterios discriminatorios basados en rasgos físicos o idioma, amparados por un fallo reciente de la Corte Suprema que validó la práctica de detener a individuos por “perfil racial o laboral”.
Las protestas no se han hecho esperar: calles de barrios como Westlake o Boyle Heights se han convertido en puntos de resistencia y confrontación con las fuerzas federales.
El estado de emergencia abre la puerta a una moratoria de desalojos para familias que demuestren haber perdido ingresos debido a las redadas. No obstante, persisten los riesgos: los inmigrantes que recurran a esta protección podrían verse obligados a revelar su estatus migratorio ante los tribunales. Además, la medida enfrenta la posibilidad de demandas del gobierno federal.
Un estudio de la Universidad de California en Merced estimó que la deportación masiva de residentes indocumentados —que representan cerca del 8% de la fuerza laboral del estado— generaría una pérdida de 275 mil millones de dólares en la economía californiana. Para mitigar los daños, el gobierno local ha impulsado diversas iniciativas.
La alcaldesa Karen Bass anunció la distribución de tarjetas con asistencia económica financiadas por organizaciones filantrópicas, mientras que el gobernador Gavin Newsom firmó leyes que restringen el uso de máscaras por parte de agentes federales y refuerzan la protección de inmigrantes en escuelas y hospitales.
Aunque la proclamación permanecerá vigente hasta nuevo aviso, sus efectos son tanto prácticos como simbólicos: busca enviar un mensaje político de resistencia a la política migratoria de Washington.