BRASILIA. El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva se reunió hoy en Brasilia con un nutrido grupo de parlamentarios, a los que explicó su situación judicial y pidió «unidad» frente a la severa crisis política que enfrenta el país.
En la reunión, celebrada en la residencia del presidente del Senado, Renán Calheiros, participaron legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la mandataria Dilma Rousseff, y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza de la coalición gobernante, entre otros.
El senador Lindbergh Farias, del PT, dijo a periodistas que Lula se explayó sobre las acusaciones en su contra, que se centran en los supuestos delitos de ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito, y negó una y otra vez cada una de ellas.
Según Farias, Lula calificó de «ilegal» la operación policial mediante la cual, el pasado viernes, fue conducido desde su casa a una comisaría para prestar declaración y que incluyó allanamientos a su domicilio y a los de algunos de sus familiares y allegados.
El senador Hélio José da Silva, quien también participó en la reunión, agregó que Lula se mostró «indignado» sobre todo por haber sido «sacado de su casa» para prestar declaraciones, sin haber sido citado por la vía judicial.
«Cuando una persona es intimada a declarar y se niega, entonces cabe el traslado coercitivo, pero no era el caso de Lula», apuntó Da Silva, del Partido de la Mujer Brasileña (PMB), que también integra la base oficialista.
El senador también confirmó que algunos parlamentarios llegaron a sugerir que Lula fuera nombrado ministro, a fin de garantizarle «inmunidad» frente a esa supuesta «persecución judicial».
«Hubo algún senador que lo sugirió, pero el ex presidente dijo de inmediato que no aceptaría jamás», indicó el parlamentario, quien aclaró que se trató de comentarios «informales» y que el asunto ni siquiera ha sido tratado con la presidenta Rousseff.
Otras fuentes del PT consultadas por Efe confirmaron que Lula también instó a los partidos de la base oficialista a «mantener la unidad», frente al próximo reinicio de los trámites para un juicio político contra Rousseff.
La mayor preocupación del gobierno radica en las alas disidentes que existen en el PMDB, que lidera el vicepresidente Michel Temer y celebrará el próximo sábado una convención nacional para elegir a sus nuevas autoridades y analizar la coyuntura política.
La disidencia interna ha anunciado que se propone exigir que el partido abandone el gobierno o asuma una posición «independiente» y libere a sus parlamentarios ante la próxima reanudación del trámite para un juicio político contra Rousseff, a lo cual se oponen los sectores oficialistas.
Esos trámites fueron suspendidos en diciembre pasado, tras una primera sesión en la que la Corte Suprema detectó diversos «errores de procedimiento» en el proceso.
El tribunal definió la forma en que debe realizarse el trámite en una sentencia adoptada a fines del año pasado, pero solo publicó la sentencia este martes, con lo cual la oposición consideró que puede ser retomado en los próximos días.
Hasta ahora, el proceso contra Rousseff está fundamentado en unas irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015.
Sin embargo, la oposición pretende anexar a ese pedido de juicio político unas nuevas sospechas en torno a una posible financiación ilegal de la campaña que llevó a la reelección de Rousseff en 2014, que podría haber recibido dinero procedente de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
