BUENOS AIRES. Cerca de diez mil empleados públicos fueron despedidos desde el comienzo de año en Argentina por el gobierno de Mauricio Macri debido a supuestas irregularidades en su contratación realizada en los últimos días de la anterior administración de la presidenta Cristina Fernández, una decisión que ha puesto en alerta a las organizaciones gremiales y que podría significar el primer desafío en las calles al nuevo mandatario.
En una entrevista con Radio del Plata, el máximo responsable de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó de «barbaridad» la rescisión de contrato de dos mil trabajadores del Senado anunciada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
Desde el gobierno esgrimen que el número de funcionarios es excesivo y critican que las instituciones se habían llenado de militantes kirchneristas, especialmente provenientes del sector de La Cámpora, la agrupación impulsada por el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner.
Según Michetti, el Ejecutivo planea también despedir a trabajadores en los ministerios. Hace unas semanas, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que se van a evaluar 64 mil contratos temporales firmados durante el kirchnerismo.
Paralelamente a las protestas sindicales, los trabajadores del Centro Cultural Kirchner convocaron una concentración ayer en señal de protesta contra la decisión del Ejecutivo de no renovar el contrato del 80 % de la plantilla de la institución, que vencía el pasado 31 de diciembre.
