BRASILIA. El ex ministro José Dirceu, el «hombre fuerte» del primer mandato del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y condenado por escándalos denunciados en 2005, volvió hoy a prisión, pero ahora por la corrupción en Petrobras.
Dirceu fue detenido en su residencia de Brasilia, en la que desde fines del año pasado cumple prisión domiciliaria tras haber pasado en la cárcel 12 meses, que son parte de la condena a 11 años y 10 meses impuesta por sobornos parlamentarios en 2005.
Al explicar la suspensión del beneficio de la casa por cárcel, el fiscal Carlos Fernando Santos Lima sostuvo que se ha comprobado que Dirceu fue uno de los políticos que «instituyó» la red de corrupción que operó durante la última década en la petrolera estatal.
«Esa red se constituyó en el primer mandato de Lula y repitió de alguna manera el esquema de sobornos» parlamentarios denunciado en 2005 y que llevó a la cárcel a 25 empresarios y políticos, entre ellos Dirceu, dijo el fiscal.
«Seguía recibiendo comisiones aún preso», declaró Santos Lima al justificar la decisión de llevar al exministro otra vez a prisión.
Según la Fiscalía, Dirceu y algunos de sus allegados recibían de la corrupción en Petrobras unos 200 mil reales (58 mil 480 dólares) por mes, pero aún no se determinó cuánto de ese dinero era directamente para el exministro.
Según el fiscal, parte del dinero le era entregado a Dirceu a través de la firma de consultoría jurídica JD, de su propiedad, que era «contratada» para operaciones «de fachada» por empresas privadas implicadas en el caso Petrobras.
La policía sostiene que esas empresas obtenían con la petrolera contratos amañados, inflaban sus valores y repartían las diferencias con exdirectores de Petrobras y políticos que amparaban esas maniobras.
La propia Petrobras ha calculado que, entre 2004 y 2014, esa red se apropió ilegalmente de unos dos mil millones de dólares y así lo ha reflejado en los balances presentados a sus accionistas.
Por ese escándalo se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, en su gran mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
Policía causa sexta parte de homicidios en Río
Las acciones policiales causan la sexta parte de los homicidios en Río de Janeiro, la ciudad brasileña que organizará los Juegos Olímpicos de 2016, y en muchos casos esas muertes encubren ejecuciones extrajudiciales que quedan impunes.
Los datos forman parte del informe «¡Usted mató a mi hijo!: homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro” divulgado por Amnistía Internacional (AI). Un trabajo de campo realizado por investigadores de la organización internacional de defensa de los derechos humanos sobre las muertes por acciones policiales ocurridas el año pasado en Acarí, una favela en la zona norte de Río de Janeiro.
A partir del análisis de las denuncias policiales, entrevistas a víctimas y vecinos e informes sobre investigaciones de la Fiscalía, AI concluyó que nueve de las diez muertes en acciones policiales registradas el año pasado en Acarí fueron ejecuciones extrajudiciales.
Según estadísticas oficiales recogidas por Amnistía, de las mil 791 muertes violentas registradas en Río en 2011, 283, es decir el 16% o cerca de la sexta parte, ocurrieron en acciones policiales, y en muchas hay también indicios de ejecuciones extrajudiciales.
