La petición de reparación de daños interpuesta por las mujeres ñha ñhus, acusadas de haber secuestrado a 6 agentes federales en 2006, fue negada por la PGR.
La exigencia es que sean resarcidos los daños económicos y psicológicos ocasionados por el actuar irregular de la PGR. Dichas irregularidades fueron señaladas por la CNDH y la SCJN en su momento, y aceptadas tácitamente por la propia PGR al desistirse de su acusación contra Jacinta.
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres ñha ñhus injustamente acusadas y recluidas en un penal por el supuesto secuestro de seis agentes federales en 2006.
Más de dos años después de la petición y con la nueva administración federal, la Procuraduría se niega a responder a tres mujeres que han sido víctimas de criminalización debido a su adscripción étnica y a quienes intentó juzgar por un delito que no cometieron.
Las instancias federales que estudiaron el caso reconocieron que durante el juicio que se les siguió a Jacinta, Alberta y Teresa se utilizaron falsos testimonios de los policías, múltiples contradicciones entre los testimonios de los agentes federales y frente a otros testigos y la consignación de la averiguación previa sin tener suficientes elementos de prueba; entre otras irregularidades que les llevaron a concluir que no existían elementos suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos que se señalaron.
