La activista Rosi Orozco pidió tiempo para la aplicación de la Ley General Contra la Trata de Personas, pues apenas el pasado 23 de septiembre fue publicado el reglamento para dicha ley.
Dijo que la senadora Adriana Dávila busca cambiar 75% de las reformas que entraron en vigor el 17 de junio pasado. Explicó que no corregir las deficiencias sería un serio retroceso en la defensa de las víctimas.
Para la activista se ha realizado una campaña de desinformación y planteamientos infundados, que enmascaran los cambios de fondo que debilitan la actual Ley de Trata de Personas.
“Se añade a este caso las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que pretende realizar Adriana Dávila, que representan un grave retroceso que se traduce en injusticia para las víctimas.
Explicó que a pesar que el fenómeno de la trata de personas va en incremento en nuestro país, ya que es lugar de paso de miles de migrantes que cada año se dirigen a Estados Unidos, del 2009 a la fecha sólo se tienen reportados 94 procesos por dicho delito, de ellos el DF encabeza la lista de entidades con 63 asuntos.
Detalló que sólo nueve entidades han aplicado la Ley y están combatiendo está nueva forma de esclavitud a nivel internacional, entre ellos el DF, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán que han mostrado una disposición seria sobre el fenómeno.
“Adriana Dávila señala que la Ley actual contiene errores, sin embargo ministerios públicos, jueces e impartidores de justicia están logrando rescatar víctimas y realizan detenciones a los presuntos responsables, como antes de nuestra ley actual no se había logrado”, dijo la promotora del movimiento Un Billón de Píe por la Justicia.
Con los cambios se pretende mandar todo el capítulo relacionado a las víctimas, a la Ley General de Víctimas, lo que equipara las consecuencias del delito de trata, a las de cualquier otro delito.
Explicó que las víctimas de trata requieren de otro tipo de atención, porque no se puede comparar el trauma de una persona que sufrió una agresión por un robo, por el de una persona que estuvo incomunicada sometida a agresiones sexuales, lejos de sus familia; la ONU menciona que a las víctimas de trata se les debe considerar un trato especial por este tipo de trauma.
En contra parte, expertos en temas jurídicos y derechos humanos han detectado al menos 60 puntos que se contradicen o dejan lagunas legales en la nueva Ley General Contra la Trata de Personas, entre ellas, el libre desarrollo de la personalidad como bien jurídico.
En éste punto el artículo 10 de dicha ley, pide que para configurar el delito se deben acreditar seis bienes jurídicos como: el quebranto a la vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo.
