La Presidencia de la República presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y garantizar la retransmisión de contenidos de televisión abierta en sistemas de paga.

 

La decisión de la Presidencia ocurre luego de que el juez trigésimo segundo de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, invalidó las facultades del Ifetel para «resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión  de paga de los contenidos de la televisión abierta, conocido esto también como Must Carry y Must offer«, detalló Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.

 

A nombre del presidente Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, bajo el mando de Humberto Castillejos, saldrá en defensa del Instituto, creado tras la reforma en telecomunicaciones con el objetivo de eliminar los monopolios en ese sector.

 

El tema de la retransmisión de tv abierta en sistema de paga adquiere relevancia luego de que las dos principales televisoras, Televisa y Tv Azteca, sostuvieran enfrentamientos públicos con empresas de televisión satelital como Dish, al argumentar que éstas deben esperar hasta la promulgación de las leyes secundarias para tomar su señal de manera gratuita.
Un día después de que un juez local considerara incompetente al Ifetel para resolver el asunto, la Presidencia decidió tomar el asunto en sus manos y llevarlo hasta la Suprema Corte.

 

En conferencia de prensa, Eduardo Sánchez aseguró que: «el llamado  Must Carry y Must Offer gratuito es un elemento esencial de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones», debido a que salvaguarda «el derecho de toda persona a recibir las señales de televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional».

 

De acuerdo con el vocero presidencial, «el hecho de que el juez local notifique que carece de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones en dicha materia, argumentando la posible violación de derechos de autor, invade a todas luces las facultades que a  la Federación le otorga la Constitución».

 

Por su parte, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Humberto Castillejos, manifestó que los preceptos de la reforma en telecomunicaciones, promulgada hace meses, continúan aplicándose, «Se está llevando a cabo el Must Carry y el Must Offer y no hay ninguna decisión judicial de suspenderlo. Esto es, debe de seguir como hasta el día de hoy».

 

El funcionario federal negó que la controversia ante la SCJN sea una especie de reto para las dos principales televisoras del país: «es una controversia constitucional contra una resolución de un juez local del Distrito Federal, que desde nuestro punto de vista es fuera de derecho, porque un juez del Distrito Federal no tiene facultades para involucrarse en temas Federales».

 

La reforma en Telecomunicaciones, la cual incluye la obligación de que los canales de televisión abierta otorguen su señal a sistemas de paga sin costo, está todavía incompleta debido a que falta la aprobación de las leyes secundarias que regulen varios puntos.

 

«Es una controversia constitucional contra una resolución de un juez local del Distrito Federal, que desde nuestro punto de vista es fuera de derecho, porque un juez del Distrito Federal no tiene facultades para involucrarse en temas Federales”

Humberto Castillejos,

Consejero jurídico del Poder Ejecutivo