La oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos (ACNUDH) registró 89 casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos de noviembre 2010 a diciembre de 2012.
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Durante el último año de la administración de Felipe Calderón las entidades donde ocurrieron la mayoría de los casos fueron Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.
De los 89, sólo en 37 casos se inició una investigación penal, de las cuales sólo en tres se detuvo a los presuntos responsables, los ataques provienen, en su mayoría, de personas que no son identificadas, pero también por parte de personal de la Administración pública Federal, autoridades municipales y operadores de justicia.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance, las amenazas y las injerencias arbitrarias; allanamientos y robo de información electrónica son los tipos de agresiones más frecuentes, que orillan al desplazamiento de las personas de sus lugares de residencia. La impunidad, destaca el reporte, favorece la generación y repetición de los ataques.
Estas agresiones ocurren contra defensores en temas relacionados con derechos de población migrante, derechos civiles y políticos, los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), derechos de las mujeres y de pueblos indígenas.
Este informe da continuidad al publicado en 2009 y la actualización de 2010 para conocer el nivel de implementación de las 10 recomendaciones emitidas por la ONU-DH al Estado mexicano, que de acuerdo con el texto aún no se refleja el resultado a la escala y extensión del daño sufrido, ni la necesidad de justicia de las víctimas.
El documento reconoce algunos avances como la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011) y la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas ((2012), así como la instalación del Mecanismo de Protección para defensoras y defensores en noviembre de ese mismo año.
La emisión de una legislación sobre el uso de la fuerza de acuerdo con la normativa institucional y que se reconozca por la ley la radiodifusión comunitaria son rubros en los que no se ha avanzado lo suficiente, de acuerdo con la ONU-DH.
En la presentación del informe, Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que el Mecanismo de Protección ha recibido, hasta junio, 81 solicitudes de incorporación para brindar protección y salvaguardar la integridad física; 33 por parte de periodistas y 48 de defensores de derechos humanos.
De estas 81 solicitudes, 47 fueron admitidas por la Junta de Gobierno en proceso ordinario, es decir que no existe riesgo inminente para la persona y 25 en proceso extraordinario, lo que implica que se requiere una reacción rápida porque la situación es de alto riesgo.
De los casos más ilustrativos de violencia en contra de defensores de derechos humanos se encuentra el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, en 2010. La mujer fue victimada por sujetos vestidos de civil mientras se manifestaba por el homicidio de su hija afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Dos días después su cuñado, Manuel Monge Amparán, fue secuestrado y asesinado. Los familiares han emprendido procesos de solicitud de refugio en el extranjero.
El informe fue presentado por Javier Hernández Valencia, representante en México de la ONU-DH, quien estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, el relator sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Edgar Cortez, miembro del Consejo consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Agresiones
Amenazas 38%
Injerencias arbitrarias 13%
Hostigamiento 12%
Privación arbitraria de la vida 11%
Detenciones arbitrarias 11%
Atentados 6%
Desaparición forzada 2%
ACNUR
89 casos de agresión Nov 2010 al Dic 2012
CNDH
27 Asesinatos y 8 casos de desaparición forzada Enero 2005- Mayo 2011
Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos
109 agresiones a mujeres defensoras durante 2012
26 asesinatos entre 2009- 2012
Trato inhumano a migrantes mexicanos en EU
Más de la mitad de los migrantes mexicanos sufre violaciones sistemáticas a sus derechos humanos durante su aprehensión y estadía en centros de detención de Estados Unidos, reportó la Iniciativa Frontera Norte de México, conformada por diversas organizaciones civiles nacionales.
De acuerdo con el Segundo Informe de Violaciones a Derechos Humanos de Migrantes Mexicanos Detenidos en EU, 52% de los indocumentados detenidos en territorio estadounidense entre 2011 y 2012 reportó abusos por parte de las autoridades fronterizas en el vecino país.
Entre los principales atropellos reportados están la falta de privacidad en los sanitarios; deficiencias en la devolución de pertenencias como dinero e identificaciones, comida insuficiente e inadecuada, retención en celdas demasiado frías y pocos o nulos procedimientos para quejas.
Asimismo, el reporte señala que 80% de los migrantes mexicanos detenidos en EU no recibió copia de los documentos legales que firmó, además de que éstos se les entregan en inglés y sin la presencia de un traductor, así como constancia de su resolución migratoria, lo que resulta en que los migrantes desconozcan su situación jurídica en EU.
Estas violaciones se presentan mayormente en los centros de detención de Arizona, Texas, Nuevo México, California y Washington, aunque por parte de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) hay una "simulación de que todo está bien", señaló Perla del Angel, abogada del Centro de Recursos para Migrantes.
Además de los abusos en el vecino país, los migrantes se enfrentan a extorsiones al ser repatriados, ya que sufren el constante acoso de autoridades municipales en la frontera que, al encontrarlos sin identificación porque les es retenida en EU, los acusan de cualquier crimen, aunque por ley un mexicano no está obligado a portar identificación en territorio nacional, agregó la abogada.