CASTELLÓN, ESPAÑA. El gobierno español se comprometió a mantener la suspensión del almacenamiento de gas natural en la costa mediterránea, hasta determinar si es la causa de los más de 300 sismos registrados en la zona, algunos de más de 4 grados Richter, y que han alarmado a la población. El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que el Proyecto Castor para almacenar gas subterráneo no se reanudará "mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población".
La noche anterior, se registró una veintena de seísmos, uno de ellos de 4,1 grados en la escala de Richter, en el Golfo de Valencia, en la cercanía del almacén de gas natural, según afirmó el representante del gobierno en Castellón (este), David Barelles.
Los cientos de movimientos de tierra se han registrado en esa región desde que se puso en marcha el Proyecto Castor, que consiste en la construcción en la costa mediterránea de un almacén subterráneo, cuyo objetivo es asegurar el suministro de un tercio del consumo de gas del Estado español durante 50 días.
El almacén de gas se ubica frente a la localidad de Vinaròs y está paralizado desde el 16 de septiembre, recordó Barelles. Los numerosos sismos han causado preocupación entre los habitantes de la zona afectada, que comprende el norte de la región de Valencia y el sur de Cataluña, incluido el delta del río Ebro, en el Mediterráneo.
En Madrid y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, Soria admitió ante los medios que "hay una probabilidad muy alta" de que esos movimientos se deban a la inyección de gas, según indica el Instituto Geológico Nacional y el Instituto Geográfico, aunque todavía no hay "constancia científica" de que así sea.
El ministro explicó que el almacén tenía "una autorización provisional para hacer pruebas", que ahora está en suspenso "hasta que sepamos exactamente qué ha pasado", algo que se conocerá "en los próximos días". Ahora se esperan los informes que redactan expertos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero para determinar qué medidas emprender.
Los funcionarios han admitido que en 2009, cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental que autorizó autorizar el Proyecto Castor, no había “informes sismológicos, que es lo que, visto lo ocurrido, se ha pedido ahora". Por esa razón no hubo “ningún condicionamiento por razones sísmicas” al plan de almacenamiento de gas subterráneo, dijo el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El funcionario sostiene que la empresa responsable del proyecto "no niega la responsabilidad de que pueda ser la autora de lo ocurrido, pero espera los informes", señaló Barelles.
Sismos inducidos
El catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, Luis González de Vallejo, explica que ese tipo de sismos no es nuevo y se conocen desde la década de los años 60. La llamada “sismicidad inducida" o "creada donde antes no la había" por las inyecciones de gas en la roca produce cientos de terremotos, que suelen tener un techo de 4,3 grados Richter, dice el experto.
El vocero de los ayuntamientos afectados y alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha manifestado que ante la inquietud de la población, exige “que se cumplan los requisitos de seguridad y que si se confirma que existe relación causa-efecto entre el proyecto y la actividad sísmica, la planta no vuelva a operar".
