EL CAIRO.  El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que un total de 10 mil 937 personas han sido arrestadas en Turquía en relación con el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el pasado viernes.
 
Erdogan confirmó estas detenciones en una entrevista con la televisión árabe Al Yazira en la que analizó el fallido intento de golpe de Estado, tras el cual han sido apresados más de 6 mil militares y un centenar de policías, además de numerosos jueces y fiscales.
 
El mandatario aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la justicia les está investigando por su supuesta pertenencia a la «organización terrorista» del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en EU.
 
Gülen ha sido acusado por el Gobierno turco de estar detrás de la intentona, apoyado por sus seguidores infiltrados en la Administración pública, la Policía, la Judicatura y el Ejército.
 
Preguntado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el parlamento turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma «de forma inmediata».
 
«Esta decisión no está en mi mano, sino que tiene que tomarla el Parlamento, después del llamamiento del pueblo, que desea que haya pena de muerte», para los golpistas, remachó.
 
Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional y varios gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.
 
«Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a violar nunca el estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país», declaró Erdogan en la cadena de televisión catarí.
 
Asimismo, aseguró que la propia OTAN le ha expresado su apoyo en estos días y ha confirmado que Turquía ha pedido la extradición de Gülen a EU.
 
Hasta el momento, Ankara ha suspendido de empleo a unas 55.000 personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores de Gülen, el cual ha negado cualquier implicación en la asonada. | JMS