Por el presunto fraude de hasta 2 millones de dólares en perjuicio de la Federación en relación a la investigación del caso Iguala, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria, fue denunciado penalmente por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.
Desde las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México Ortega sostuvo que el monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares que el gobierno ha entregado para los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido malversados debido a que, según su denuncia, los expertos no ha auxiliado a las autoridades mexicanas para localizar a los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron desde el pasado 26 de septiembre de 2014.
“Sostendremos nuestra denuncia hasta sus últimas consecuencias legales, pero independientemente de ello, demandamos que el gobierno de México ponga fin de inmediato al citado acuerdo, ante el flagrante incumplimiento de su contraparte, y bajo ninguna circunstancia prolongue la estadía en el país de estos expertos en prevaricación fraude procesal y violaciones a los derechos humanos”, acusó Ortega.
El catedrático explicó que la denuncia contra Álvarez Icaza radica en que según lo estipulado en el Código Penal Federal en su artículo 386 se tipifica como fraude la conducta consistente en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”, lo cual consideró es lo que los expertos de la CIDH han hecho sobre el caso.
Concretamente, el titular del Consejo Ciudadano refirió que el fraude denunciado se basa en los fundamentos en que se violó el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano debido a que los cinco integrantes del GIEI resultan todo lo contrario a “expertos probados”, y en su lugar se tratan de personas con historiales criminales y de violaciones a derechos humanos.
Otro aspecto es el que a la fecha no hayan cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió en dicho acuerdo, al considerar que “no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos”. Aunado a que, según el CCSPJP , los expertos han malversado los fondos públicos que se les han entregado.
“Las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, reiteró.
Al respecto señaló a Emilio Álvarez como el presunto autor del fraude, al haber sido él quien firmó en representación de la CIDH el addendum del “Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región” y que tuvo como contraparte al gobierno federal.
