Una centenar de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos, exigen la liberación inmediata e incondicional de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, México, quien se encuentra detenida desde el 21 de agosto de 2013.
En carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, señalan que fueron informadas/os que el pasado 23 de febrero de 2016 los Jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, quienes tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014, instauradas contra Salgado García por los delitos de secuestro, decretaron la “regularización” del procedimiento en las tres causas penales.
Por ello se hace "un llamado a los jueces que resolverán el término constitucional que determinará la situación legal de Salgado para que tome en cuenta la serie de violaciones a derechos cometidas en su contra, toda vez que no sólo ha sido incomunicada, sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también son de tomar en consideración las graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, causando daños de imposible reparación".
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que a Salgado García y a seis integrantes más de la CRAC-PC les fueron violados sus derechos humanos por autoridades de Guerrero al momento de su detención.
A través de la recomendación 9/2016, el organismo señala que a las “irregularidades” cometidas en las detenciones de los siete policías comunitarias, se suma la tortura contra tres de ellos, mientras que los tres restantes recibieron tratos crueles y degradantes.
La recomendación de 176 cuartillas, cuya elaboración duró más de dos años, advierte que la CNDH “no tiene facultades para investigar delitos y para determinar la responsabilidad penal de V1” –como es identificada Salgado-, y que el caso sólo atañe al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a cargo de las causas penales que se le siguen.
