NUEVA YORK.- La Fiscalía federal estadounidense concretó los once delitos que atribuyen a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera y pidió al jurado que se centre en la figura del narcotraficante juzgado y no en otros nombres que hayan podido ser mencionados.

En un borrador de instrucciones al jurado al que ha accedido Efe, la acusación nombra los once cargos de los que se acusa al Chapo: relación con una continua empresa criminal, uso de arma de fuego durante un crimen de distribución de drogas, conspiración para blanquear dinero y ocho delitos de manufactura y distribución internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Asimismo, las setenta páginas de instrucciones remitidas al juez Brian Cogan recogen un apartado en concreto en el que la Fiscalía pide al jurado «no sacar conclusiones, favorables o no, hacia el Gobierno o el acusado del hecho de que determinadas personas no estén siendo juzgadas ante ustedes».

«No deben especular por las razones por las que estas otras personas no están siendo juzgadas ni permitir que su ausencia como partes influya de alguna manera en las deliberaciones en este caso», continúa el documento.

El bloque concluye marcando el paso al jurado, para quien «la única preocupación es el acusado que está siendo juzgado ante ustedes» y que la posible «culpa» de otros no es una defensa en una causa criminal.

De esta manera, la fiscalía quiere que el jurado obvie la principal estrategia de la defensa, que argumenta que el verdadero líder del cártel del Sinaloa es Ismael «Mayo» Zambada, que permanece fugado de la justicia, y que el Chapo es únicamente un chivo expiatorio que no tiene ninguna culpa.

De hecho, Guzmán se declaró «no culpable» de cada uno de los once cargos cometidos entre enero de 1989 y septiembre de 2014.

El documento funciona como guía para el jurado de cara a la deliberación, donde se les explican algunos conceptos clave como las diferencias entre actuación «a sabiendas» o «intencional», o la distinción entre ayudar o inducir a la comisión de un delito.

Además, ayer mismo el juez aprobó, a petición de la Fiscalía, el sellado de dos cartas aportadas por la defensa, una de ellas en la que se comentaba una teoría del acusado sobre el caso e identificaba posibles testigos de la defensa.

Otra, según la argumentación del Gobierno, recoge información personal y médica sensible del acusado, que el juez entiende que no tiene nada que ver con la causa.


Sin embargo, uno de los abogados de la defensa, Eduardo Balarezo, ha requerido al juez que reconsidere esta decisión sobre la última de las misivas, ya que no afecta ni a la seguridad familiar del acusado, ni también se tratan asuntos relacionados con su salud, por lo que su sellado no sería apropiado.

dpc