El gobierno federal reconoce que en el país existe una crisis de seguridad y está relacionada con el aumento de la incidencia delictiva registrada en los últimos años, así como con la ineficacia de la persecución y sanción del delito.
En lo que representa en el primer diagnóstico detallado de la actual administración, publicado ayer, como parte del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, el gobierno también admite que existen rezagos en ámbitos como derechos humanos, protección civil y discriminación.
“El crecimiento de las organizaciones criminales encontró un escenario de escasa colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la creciente desconfianza entre las corporaciones de seguridad y relativa resistencia a la colaboración conjunta”, acepta en el documento.
En el programa se identifica a los jóvenes, mujeres, indígenas y migrantes como los grupos más vulnerables y detalla que la falta de oportunidades y desocupación entre los jóvenes son factores de violencia y delincuencia, principalmente entre personas menores de 25 años, quienes se han convertido en los principales agresores y víctimas dentro del problema de inseguridad en el país.
La impunidad, detalla, ha agravado el problema de inseguridad. Sólo ocho de cada 100 delitos son denunciados y sólo 1% de estos son sentenciados, esto evidencia las limitaciones por las que atraviesa el sistema de justicia penal para garantizar el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
Aumentan violaciones
El gobierno federal reconoce que la política pública en derechos humanos llevada a cabo entre el 2008- 2012 resultó poco eficaz por la deficiente interlocución de esfuerzos, fallas en los mecanismos, falta de participación efectiva con los Poderes de la Unión y los estados, lo que impidió la generación de una política integral de Estado y alejamiento de la sociedad civil.
En los últimos años aumentaron las violaciones de los derechos humanos, lo que se tradujo en un incremento en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ineficacia en zona de riesgo
El Sistema de Protección civil, se acepta en el documento, carece de infraestructura suficiente, adolece de capacidades institucionales, fondos y ordenamientos jurídicos que le impiden responder con eficacia.
“Destaca la falta de información precisa en zonas con peligro y vulnerabilidad de alto nivel ante los fenómenos que amenazan a la población y las acciones para prevenir desastres”, reconoce el diagnóstico.
Además, tiene más una actuación reactiva, orientada a atender las consecuencias de estos eventos y la prevención es incipiente. Esto se refleja en que se destina 59 veces más recursos a la atención, que a la prevención.
Aunado a lo anterior, el Atlas Nacional de Riesgos carece de información completa y actualizada, por lo que no existe información completa y precisa para las zonas de peligro, por lo que es necesario mantenerlo actualizado, incrementar la capacidad de monitoreo y acertamiento nacional.
Conflictos sociales rebasaron al gobierno, Segob
En los últimos años la estrategia que siguió el Estado fue el gestionar las disputas y conflictos conforme iban surgiendo, ante la falta de mecanismos de comunicación y diálogo para conocer y atender las demandas sociales, sumado a la ausencia de instrumentos para anticiparse a ellos, lo que provocó un incremento de las movilizaciones y las manifestaciones, “que rebasaron la capacidad del gobierno para solventarlas”.
En el documento publicado ayer por la Secretaría de Gobernación, el gobierno reconoce también que nuevas y viejas demandas “generan condiciones para la aparición de conflictos vinculados a asuntos del campo, educativos, religiosos, laborales y sociales”.
“La diversidad social y cultural, la pluralidad en la representación de las fuerzas políticas en los estados y la yuxtaposición de partidos políticos gobernando en el mismo territorio en sus distintos órdenes de gobierno, la concurrencia de funciones en algunos temas y separación en otros, la persistencia de procesos de descentralización inconclusos y la falta de corresponsabilidad entre órdenes de gobierno, entre otros factores, han limitado la capacidad de coordinación para promover el desarrollo equilibrado del país”, sostiene Gobernación.
Los últimos años, establece, se caracterizaron por la polarización y la falta de acuerdos, “por eso es necesario restablecer condiciones de diálogo y canales de comunicación política que estaban debilitados”.
En el documento también se reconoce que la violencia, derivada del crimen organizado y el narcotráfico, tienen el potencial para constituirse en amenazas o en un riesgo a la Seguridad Nacional, afectando la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Dato
De 2010 a 2012 los conflictos se incrementaron 7% anualmente, pero disminuyó el porcentaje de eficiencia en la distensión de los mismos.
