A seis días de que se termine el periodo del arraigo concedido en contra del general Tomás Ángeles Dauahare por presuntos nexos con la delincuencia organizada, su abogado sostiene que la PGR les ha negado el acceso a una legítima defensa, situación que esperan sea tomada en cuenta por el juez que eventualmente lleve el proceso en su contra.
En entrevista con 24 HORAS, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, representante legal del general, acusó al Ministerio Público Federal de actuar “unilateralmente” en la averiguación, validando únicamente sus propias pruebas de descargo, y sin darle al menos entrada a los argumentos técnico-jurídicos de la defensa.
El defensor dijo que estas irregularidades continúan pese a que desde el 12 de junio, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo concedió una suspensión definitiva en favor del general, en lo referente a la negativa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para dar vista a las pruebas ofrecidas por la defensa.
“La autoridad investigadora se ha negado a darle trámite a nuestros oficios de prueba, por los cuales solicitamos que se corrobore el dicho de los testigos colaboradores que acusan a los generales; esto significa que se nos está negando el acceso a la justicia”, subrayó el litigante.
Sánchez Reyes Retana dijo que de acuerdo con lo poco que se les ha mostrado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, la acusación está sustentada en una llamada anónima de marzo del 2010, y en los señalamientos delos testigos protegidos Jennifer y Mateo, que acusan a los mandos castrenses de colaborar y reunirse con miembros de la organización de los Beltrán Leyva.
En respuesta, la defensa ya tiene listos diferentes elementos de prueba que evidencian que dichos testimonios carecen de veracidad, pues el general Ángeles Dauahare no se encontraba en los lugares que se indican en las fechas señaladas y tampoco desempeñando las funciones que se le atribuyen en la Secretaría de la Defensa Nacional.
El litigante subrayó que el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a verificar la veracidad de los señalamientos de testigos colaboradores. Además, recordó que es derecho constitucional de todos los mexicanos la posibilidad de defenderse adecuadamente.
“Si después de desahogar esa prueba considera (la PGR) que mi defendido es inocente, pues que lo deje libre, y si considera que hay elementos para procesarlo, pues que lo consigne, pero teniendo a la vista todas las pruebas y no nada más la que conviene a la acusación”, sentenció.
El abogado confirmó que el arraigo que la procuraduría obtuvo de un juez federal en contra del general Ángeles Dauahare vencerá el próximo domingo, por lo que deberá definir antes de esa fecha si solicita una ampliación de la medida cautelar por otro periodo, o de lo contrario, si lo librea o lo consiga penalmente ante un juzgado.
Siguen cateos
Sánchez Reyes Retana reveló que este lunes la PGR a través de la Policía Federal Ministerial, intervino el domicilio de una de las hermanas del general Ángeles, propiedad que se encuentra en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México, y de la cual se llevaron varios documentos y memorias de computadora.
Se trata de una propiedad, según el litigante, que no tiene nada que ver con el general, como tampoco las otras dos viviendas de sus hijas cateadas en el Estado de México y en Cuernavaca por los agentes federales y peritos.
“Están cateando casas de familiares, fueron ahí buscando no sabemos qué, pero están buscando donde no hay nada; es el afán de encontrar cosas que no existen”, apuntó el litigante, quien también dijo que las cuentas bancarias del general siguen congeladas.
Los comentarios están cerrados.