La Procuraduría General de la República (PGR) condicionó el acceso a la versión que no es pública del expediente del Caso Iguala, previo pago de 24 mil 291.50 pesos, en el caso de que se requieran copias simples, u 874 mil 494 pesos para copias certificadas.
Con el monto impuesto se vuelve inaccesible la información para la mayoría de los ciudadanos interesados en el tema y es un mecanismo que no permite transparentar el trabajo realizado.
A través de una solicitud de información elaborada en enero pasado, 24 HORAS requirió el expediente que no ha sido publicado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ante el pretexto de la PGR se interpuso el recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mismo que está en proceso.
El archivo contiene las evidencias del trabajo realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, las nuevas líneas de investigación del Caso Iguala y los avances a las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al Estado mexicano el 6 de septiembre de 2015.
"La documentación requerida (48,583 hojas) se encuentra disponible, previo pago de los costos por reproducción correspondientes, en las modalidades de copia simple ($0.50 centavos, por hoja) y copia certificada ($18.00 pesos, por hoja), así como la posibilidad de que la misma sea enviada a su domicilio, previo pago de la remisión de la remisión por correo certificado", respondió la PGR a la solicitud con folio 0001700013016.
En la respuesta, la PGR aclara que no es posible otorgar consulta directa de los documentos que únicamente obran en archivo físico y que contienen partes o secciones clasificadas como confidenciales.
Sin embargo, la versión pública del expediente, que comprende del tomo 1 al 85, sí le fue tachada la información clasificada confidencial, está disponible en Internet y no se tiene que pagar para su consulta.
Arely Gómez González, procuradora General de la República, se comprometió con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a actuar con transparencia y dar acceso a la información sobre la desaparición de los normalistas. La transparencia es uno de los ejes rectores de su trabajo.
Polémica por el tercer peritaje
El grupo de reconocidos especialistas que realizó el tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula determinó que en ese lugar fueron quemados al menos 17 cuerpos, pero sus resultados no son concluyentes ni específicos, lo que provocó un choque entre la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes habían hecho los primeros peritajes.
El pasado 1 de abril se dio a conocer que el grupo colegiado concluyó que existe evidencia física de que existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones, que de la recolección de restos óseos se determina que al menos 17 adultos fueron quemados en ese lugar y que se puede establecer la hipótesis de una quema masiva de 43 cuerpos, sin embargo, sólo con una prueba a gran escala se podría confirmar por lo que el grupo de expertos decidió realizar más pruebas para comprobar científicamente esta hipótesis.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) contestó que el panel de expertos no especificó cuándo pudo ocurrir ese fuego de grandes dimensiones, su pudieron existir otros fuegos o qué considera evento de fuego grandes dimensiones.
En tanto, la PGR reviró en un comunicado que el nuevo estudio de fuego no es unilateral y que el estudio se hizo sobre la posibilidad de un incendio en el basurero de Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Del acuerdo entre la PGR y el GIEI formalizado el 25 de enero de 2016, se determinó solicitar el apoyo de un grupo de seis expertos internacionales en fuego para que analizara los testimonios y peritajes realizados con anterioridad, para cumplir científicamente con los objetivos de la investigación.
Pide Barbosa que se queden
Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del PRD, se pronunció por la permanencia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que su presencia favorece la credibilidad.
“Deben quedarse y continuar con su trabajo, porque su presencia favorece la credibilidad y ayuda a terminar con la impunidad. Tal vez a algunas áreas del gobierno les incomode su presencia, pero a los familiares de las víctimas y a sectores importantes de la sociedad, su presencia nos provoca confianza, por lo cual rechazamos su salida y consideramos que su estancia debe prorrogarse”, sostuvo el senador.
Barbosa Huerta recordó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 dañó la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.
