Familiares de las 15 personas asesinadas en el caso Tlatlaya podrían recibir hasta un millón de pesos como parte de la reparación de daño por parte del Estado, indicó el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.
«Cuando hay un delito la ley prevé que un máximo en compensación subsidiaria, a la persona que cometió el delito, es un millón de pesos, más o menos, aproximadamente», dijo tras participar en una reunión con los integrantes de la Comisión Especial de Tlatlaya en la Cámara de Diputados
Hay más de 50 víctimas por caso Tlatlaya
Por el caso Tlatlaya, el Registro Nacional de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene conocimiento de un total de 53 víctimas a quienes fueron atropellados sus derechos fundamentales, de ellas, 22 directas y 31 indirectas.
El informe del caso Tlatlaya que entregó este jueves Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a los diputados federales, revela que los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) violentaron los derechos humanos el pasado 30 de junio.
“Derechos a la vida, a la verdad y a la debida procuración de justicia y derecho a la integridad”, sostiene el documento, del que 24 HORAS tiene copia.
Además, expresa que la administración de Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México, violentó a diversos ciudadano sus derechos “a la integridad, seguridad personal y libertad sexual; así como el derecho a la verdad, acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y procuración de justicia”.
Dicho informe agrega que la Procuraduría General de la República (PGR), en ese entonces a cargo de Jesús Murillo Karam (hoy titular de la Sedatu) violó el derecho humano de “acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito”.
Rochín del Rincón explicó a los legisladores federales que la función de la CEAV, a nombre del gobierno Federal, es acompañar a las víctimas a fin de que ellos emitan denuncias “contra quienes cometieron irregularidades, a fin de que sean sancionados”.
Un total de 22 civiles fueron asesinados en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio pasado, en manos de integrantes del Ejército mexicano, en circunstancias que hasta el momento no han sido clarificadas.
A esta reunión, acudieron los legisladores Ricardo Fidel Pacheco (PRI), Loretta Ortíz (Morena) y Elena Tapia (PRD), esta última es quien preside este grupo de trabajo de la Cámara de Diputados. DM
