Desde 2013, en las actas del cabildo municipal de Iguala, Guerrero, quedaron asentadas las discusiones que tuvieron los regidores respecto a los asesinatos de líderes sociales y la presunta participación del alcalde (ahora prófugo) José Luis Abarca Velázquez, en estos hechos.

 

A las 12:32 horas del 25 de julio de 2013, arrancó una sesión extraordinaria de cabildo de Iguala con tres temas a abordar, uno de ellos fue el informe acerca de las bajas de inmuebles pertenecientes al inventario del municipio y daños que sufrió el Palacio Municipal, luego de la toma de la alcaldía por parte de la Unidad Popular (UP).

 

Días antes, los miembros de la UP habían tomado las instalaciones -durante ocho días- en repudio al secuestro y asesinato de tres de sus líderes suscitado el 30 de mayo de ese año. Por este hecho, la Unidad Popular había culpado al alcalde y a la policía local.

 

Las actas de cabildo con nombres y firmas de los participantes, a las que 24 HORAS tuvo acceso, detallan que el presidente municipal con licencia –ahora buscado por autoridades federales por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa- encabezó la sesión extraordinaria del 25 de julio de 2013 en la sala de cabildo.

 

Durante la reunión, los regidores y síndicos pusieron más énfasis en los daños y pérdidas causados por la toma de la alcaldía (que ascendieron a cinco millones de pesos), que por las tres muertes de líderes sociales, quienes presuntamente fallecieron en presencia de Abarca Velázquez a causa de una revancha política.

 

Sin embargo, la única regidora perredista que alzó la voz fue Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernández Cardona, uno de los líderes asesinados de la UP.

 

“Los daños materiales se reparan, hay un antecedente de que no es lógico político y entre esas situaciones hubo pérdidas humanas, y el monto que ven aquí de tres o cuatro millones de pesos (por daños), ese es el costo de tres seres humanos por tener diferencias políticas y se les trate de esa manera, yo digo que hay que tener más capacidad de pensar...”, declaró en ese momento.

 

La salvedad

 

La regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo partido que abanderó al ahora alcalde prófugo, pidió la revocación del mandato para José Luis Abarca, sin embargo no tuvo apoyo ni de sus compañeros regidores ni del Congreso estatal. A pesar de ello, nunca titubeo en culpar al alcalde por la muerte de los líderes sociales.

 

“Nosotros culpamos a la situación política que se vivió en este municipio en días anteriores, hay que ver las cosas como son, aquí las responsabilidades son bastantes, hubo responsabilidades del cabildo porque no pudimos con el juicio político, porque aquí nada más se hacía lo que el presidente dice, los daños materiales se reparan, pero aquí en Iguala el día de hoy tenemos un antecedente que nos tiene en la mira a nivel estatal, nacional e internacional de violación de derechos humanos por la autoridad municipal”, declaró ese día en a sala de cabildo.

 

El eco de los reclamos de Mendoza Martínez solo cobró resonancia en dos de los 13 regidores: Nicolás Guerrero González (PVEM) y Elizabeth Marina Hernández de la Garza (PRI), quienes reprocharon los hechos y apoyaron en la revocación de mandato.

 

Por el contrario, el regidor Andrés Guzmán, dijo que el cabildo debe pronunciarse en favor de la legalidad y cuidar el patrimonio de la ciudadanía, por ende es de suma importancia que la administración municipal deslinde responsabilidades.

 

La sesión concluyó sin que el alcalde fijara posición sobre las acusaciones, únicamente salieron a defensa los regidores del grupo que había conformado.

 

Cuatro horas más tarde de ese 25 de julio de 2013 (a las 16:21 horas), el cabildo de Iguala dio por finalizada la sesión, no obstante, los días siguientes fueron un martirio para los tres regidores que señalaron al alcalde y la protección que recibía del gobernador, Ángel Aguirre.

 

Los regidores Sofía, Nicolás y Marina aún reciben amenazas por culpar al alcalde del asesinato de tres líderes. Hoy, José Luis Abarca Velázquez evade la justicia por vínculos con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y nexos con la delincuencia organizada.