José Raúl Fernández Ortega era taxista y Jesús Juárez Hernández, Ángel Piña Teodoro y Luis Vargas Piña trabajaban en un taller. A los cuatro los mataron efectivos del Ejército, porque dicen que ellos primero los atacaron. Las familias exigieron justicia y fueron amenazados, pero lograron que, después de dos semanas, las autoridades comenzaran a interrogar a los militares.

 

La investigación por homicidio está a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, que desde un principio apoyó la versión del Ejército. Y como parte de una indagatoria interna de la Secretaría de la Defensa Nacional, se comenzó a revisar lo ocurrido el 28 de diciembre pasado, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y a cuestionar a los efectivos que participaron.

 

Sin embargo, el comandante de la VI Región Militar, el general René Carlos Aguilar Páez, responsable del personal castrense que mató a las cuatro personas, minimizó las investigaciones, definiéndolas como “protocolarias”, aunque matizó al decir que, en caso de comprobarse un “error” militar, los responsables deberán enfrentar la justicia y el castigo correspondiente.

 

Para el general de División lo que ocurrió el pasado 28 de diciembre en la ciudad de Córdoba está claro: el personal a su cargo tuvo que responder a una agresión armada para salvaguardar sus vidas, contrario a lo que sostienen los familiares de los cuatro hombres asesinados.

 

Hasta ahora, de acuerdo a los informes recabados por 24-HORAS, un total de 30 elementos adscritos a la VI Región, ubicada en la localidad de la Boticaria, en Veracruz, han sido interrogados tanto por autoridades militares como de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, institución que no quiso precisar si los militares acudieron a la diligencia en calidad de testigos o de indiciados.

 

Un retén en la oscuridad

 

Jesús Juárez Hernández era dueño de un pequeño taller mecánico y rescatista voluntario; con él trabajaban su cuñado Ángel Piña Teodoro y el primo de este último, Luis Vargas Piña. En el municipio de Ixhuatlán del Café, con apenas 21 mil 400 habitantes, a los cuatro los conocían bien, por trabajadores, derechos, sencillos y alegres. Todos eran amigos de José Raúl Fernández, que trabajaba como taxista en la misma región.

 

Ese 28 de diciembre decidieron ir a la ciudad de Córdoba, que se ubica a unos 40 minutos de distancia, porque necesitaban comprar refacciones para reparar un automóvil. Le pidieron a José Raúl que los llevara en su taxi, al fin no tardarían mucho, incluso se fueron con la ropa sucia que usaban en el taller.

 

Llegaron a la ciudad, compraron lo que necesitaban y regresaron, pero ya había anochecido. El camino estaba muy oscuro, el carro era viejo y quizá iban distraídos, porque los testigos aseguran que no se dieron cuenta que los militares tenían un retén y un dispositivo de seguridad en la ciudad, específicamente en la zona perimetral de la funeraria Vélez de Córdoba, en la que se encontraba el cadáver de Ángel Enrique Uscanga Marín, El Pokemón, identificado por las autoridades como jefe de plaza del grupo de Los Zetas y quien había sido abatido horas antes por elementos de las Fuerzas Armadas.

 

Varios testigos aseguran que el auto continuó su camino, no aceleró, simplemente siguió su ruta. Fue entonces que comenzaron a escucharse los disparos que provenían del retén militar. Cuando ya el auto detuvo su marcha, los efectivos se acercaron y presuntamente los remataron.

 

“Hay personas que aseguran que por el radio los militares decían que ellos estaban limpios, que pararan los disparos, pero que luego alguien de ellos mismos gritó que debían terminar lo que empezaron”, relató un amigo de las familias.

 

Sin que se hubiera hecho todavía una sola prueba pericial, la Procuraduría de Justicia de Veracruz, encargada de investigar, emitió ese mismo 28 de diciembre un primer comunicado en el que aseguró:

 

“Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes quienes intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón. Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, cuando hombres armados dispararon desde un vehículo contra elementos del orden que resguardan las instalaciones donde se encuentran los cuerpos de los cinco delincuentes abatidos durante el operativo realizado el pasado jueves 27 de diciembre. En el lugar fueron asegurados un vehículo, armamento y una granada, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente”.

 

Armados y con granadas

 

Los cuerpos de los cuatro amigos quedaron abatidos dentro del automóvil, de acuerdo a los reportes militares cuatro de ellos tenían armas en las manos, una era un revólver, y con ellas, a bordo de ese automóvil viejo, pretendían enfrentar a los militares para rescatar a El Pokemón.

 

Pero las familias de Jesús, Ángel, Luis y José han ofrecido pruebas de su trabajo y del respeto de sus amigos y vecinos, a cambio exigen pruebas periciales que demuestren que dispararon un arma, los casquillos con los que atacaron a los militares y la trayectoria que siguieron, porque en el expediente no existe ni una sola prueba pericial.

 

Por eso salieron a manifestarse a las calles los habitantes de Ixhuatlán, a exigir que se limpien los nombres de los cuatro hombres, pero recibieron amenazas anónimas, por eso no continuaron las protestas, apenas consiguieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciara una queja de oficio y que la Procuraduría de Justicia interrogara a los efectivos castrenses, lo mismo que la Defensa Nacional.

 

“No es la casa de un matón”

 

Jesús tenía 37 años y repartía su tiempo libre entre ser rescatistas de la Cruz Ámbar y su familia, su esposa y cuatro hijos, tres mujeres, la mayor de 15, y el más pequeño varón de dos años. Vivía de forma sencilla, como se le permitía el taller. En el taxi encontraron su celular con la pantalla estrellada, no se rompió por el ataque, así lo tenía desde meses atrás, no había logrado juntar para comprarse otro.

 

“Le echaba la mano a la gente que no tenían para pagar completo (en el taller), hacía descuentos o de plano les decía que nada más pusieran las piezas, así era él, era una buena persona”, relata Eva su viuda.

 

Eva no sólo perdió a su esposo con el que compartió su vida por más 17 años, en el mismo ataque murieron su hermano Ángel y a su primo Luis, los dos le ayudaban en el taller a Jesús y ese día decidieron acompañarlo a buscar las refacciones y de paso darse una vuelta.

 

Ángel tenía 32 años y había llegado hace dos meses de Estados Unidos, donde trabajaba como jardinero. A Ixhuatlán viajaba para ver a la familia durante un par de meses, mientras trabajaba como plomero, electricista o cualquier oficio que supiera hacer, y luego regresaba al país vecino, donde ya tenía visa para trabajar.

 

Ángel era soltero, pero mantenía a su padre y ayudaba con los gastos a otra de sus hermanas, que es madre soltera de dos niños.

 

“Mi hermano tenía su visa de trabajo porque no tenía antecedentes criminales, él era bueno, trabajador y no es nada de lo que el gobierno lo acusó”, asegura Eva.

 

Luis sí estaba casado, pero a Patricia su esposa no le preocupó que ese viernes no llegara a dormir, porque era el día en que salía a tomar con sus amigos y prefería descansar en una camioneta.

 

“A él no le gustaba que los niños lo vieran borracho y por eso cuando tomaba no llegaba a la casa, se quedaba a dormir en una camioneta, yo creí que ese día había pasado eso, por eso no me preocupé de que no llegara”, cuenta Patricia.

 

Tenía cinco años de que Luis había regresado de Estados Unidos, desde entonces trabajaba como ayudante en el taller de Jesús, incluso empezaba a tener sus propios clientes, recuerda su viuda, quien sola deberá hacerse cargo de sus dos hijos de 13 y 11 años.

 

José Raúl Fernández Ortega era el más joven de todos, tenía 28 años, ya estaba casado y desde que nació su hija, hace ocho años, dejó de trabajar en los campos de café y desde entonces se hizo taxista, un oficio que apenas le dejaba para sacar el día.

 

“Mi esposo trabajaba todo el día, desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. Vivimos en una pequeña casa de madera en El Crucero a unos 10 minutos del centro de Ixhuatlán. Nuestro humilde hogar tiene apenas dos cuartos y sólo tenemos una cama para la familia. Esta no es la casa de un sicario, no es la casa de un matón, es la casa de un hombre humilde, de un hombre trabajador”, explica Javiera, su viuda, para demostrar que José no era delincuente.

 

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