En las elecciones de Coahuila, más allá de los resultados y las disputas partidistas, existe un señalamiento que merece una reflexión amplia: las denuncias relacionadas con posibles mecanismos de compra y movilización inducida del voto.

La discusión trasciende a partidos y candidatos. La compra del voto no constituye únicamente una irregularidad electoral; es la manifestación de una relación desigual entre poder político, necesidades sociales y ciudadanía. Cuando el sufragio se convierte en mercancía, persisten carencias económicas, debilidades institucionales y una deuda pendiente con la construcción de una democracia plenamente libre.

Diversos actores políticos han solicitado revisar las denuncias surgidas durante la jornada electoral. Corresponderá a las autoridades electorales y de procuración de justicia realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, determinar responsabilidades. Sin embargo, estos hechos obligan a formular una pregunta inquietante: ¿sigue existiendo un mercado capaz de comprar y vender votos?

La jornada electoral en Coahuila fue no concurrente; en ella se eligieron 16 diputaciones locales sin coincidir con elecciones presidenciales, de gubernatura o ayuntamientos. Por sus características, se trató de una elección de estructura, donde la capacidad de movilización territorial suele tener un peso relevante. Vale recordar que Coahuila ha sido gobernado por el PRI durante 97 años de manera ininterrumpida, un elemento que forma parte de su historia política y de la configuración de sus redes territoriales.

Pero incluso reconociendo estas particularidades, la pregunta de fondo permanece: ¿por qué, después de décadas de construcción institucional, prevalece la percepción de que el voto tiene precio?

La compra y coacción del voto constituyen conductas sancionadas por la legislación electoral mexicana. Su prohibición es resultado de décadas de reformas encaminadas a fortalecer la autenticidad del sufragio y garantizar elecciones libres. Sin embargo, ninguna norma es suficiente cuando persisten condiciones sociales que facilitan estas prácticas.

Cuando se habla de compra del voto, la atención suele centrarse en quien entrega dinero o beneficios materiales. Sin embargo, pocas veces se analizan las condiciones para que una persona considere intercambiar su voluntad política por una compensación inmediata. Detrás de estas decisiones suelen encontrarse años de desigualdad, carencias y falta de oportunidades.

Ello no implica relativizar responsabilidades. Quien compra un voto vulnera la libertad política y atenta contra la esencia misma de la democracia. Pero también es necesario reconocer que vender el voto implica renunciar temporalmente a un derecho conquistado históricamente y debilitar la capacidad ciudadana para exigir gobiernos eficaces y responsables.

La responsabilidad democrática es compartida. Las autoridades deben investigar y sancionar; los partidos deben competir con propuestas y no con incentivos materiales; y la ciudadanía debe ejercer el sufragio con plena libertad y conciencia de su trascendencia.

Si después de décadas de reformas electorales, organismos autónomos y mecanismos de fiscalización persisten denuncias sobre compra o condicionamiento del voto, resulta indispensable revisar qué vacíos institucionales permiten que estas prácticas subsistan. La democracia no puede limitarse a administrarlas; debe erradicarlas mediante mayor transparencia, supervisión, educación cívica y capacidad efectiva de denuncia.

Tal vez el problema de fondo no sea únicamente la compra del voto, sino una forma de pobreza democrática que se expresa en la debilidad de la cultura cívica, la desconfianza institucional y la percepción de que las elecciones no modifican la realidad cotidiana. Cuando amplios sectores sociales consideran que su participación política difícilmente transformará sus condiciones de vida, el sufragio corre el riesgo de reducirse a una transacción inmediata y no a un instrumento de cambio colectivo. La pobreza democrática no se mide sólo por la falta de participación, sino por la pérdida de confianza en que la democracia puede generar bienestar, justicia e igualdad de oportunidades.

La pobreza democrática no sólo se expresa en la ausencia de instituciones fuertes, sino también en la normalización social de prácticas que erosionan la ciudadanía. Vender el voto puede resolver una necesidad inmediata, pero compromete la posibilidad de exigir gobiernos más eficaces, transparentes y responsables en el largo plazo. Reconocer las condiciones de desigualdad que facilitan estas conductas no implica justificarlas; por el contrario, obliga a construir políticas públicas que amplíen oportunidades y fortalezcan una cultura democrática basada en derechos y responsabilidades compartidas.

Por ello, la discusión que deja Coahuila no debería centrarse sólo en quién ganó o perdió. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a seguir tolerando una cultura política donde algunos creen que pueden comprar conciencias y otros consideran que deben venderlas para resolver necesidades inmediatas.

Porque cuando el voto se compra o se vende, no pierde únicamente una candidatura o un partido: pierde la democracia. El sufragio es mucho más que una boleta depositada en las urnas; es la expresión de la soberanía popular y la herramienta más poderosa que posee la ciudadanía para decidir el rumbo de su comunidad. Una democracia sólida no se construye cuando el voto tiene precio, sino cuando cada ciudadano comprende que su voto tiene dignidad, libertad y valor.

Mientras existan personas que crean que pueden comprar voluntades y otras que sientan la necesidad de venderlas, la tarea democrática seguirá incompleta. El fortalecimiento democrático exige instituciones eficaces, ciudadanía informada y una convicción compartida: que ningún beneficio inmediato puede valer más que el derecho colectivo a decidir libremente el futuro de una comunidad.

 

Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León

Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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