La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados recibió el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Delitos Electorales.
Con este documento, el Ejecutivo pretende endurecer el castigo a quienes ejerzan presión, compra de votos o cometan chantaje para obtener la simpatía y el voto de los ciudadanos, y con ello se afecte la naturaleza de los comicios federales y los organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la comisión parlamentaria, recibió el documento remitido por el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, José González Morfín, por lo que se tendrá que emitir un dictamen en los siguientes días, por los 30 legisladores que integran este grupo de trabajo.
El proyecto de decreto contempla la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento en los delitos que serán considerados, en lo conducente, por la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas y el libro primero del Código Penal Federal.
De esta forma se le darían facultades al Ministerio Público, en todos los casos, para proceder de oficio con el inicio de las investigaciones.
Tratándose de servidores públicos se les impondrá, además de la sanción correspondiente, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
En el caso de los delitos electorales, se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien vote a sabiendas de que no cumple con la Ley; vote más de una vez en una misma elección; haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, a fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitirlo.
El castigo penal y pecuniario también se endurecerá para las personas que obstaculicen o interfieran en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
La legislación se enfocará en los llamados operadores electorales, que son aquellos que solicitan votos a cambio de dinero u otras recompensas, o mediante violencia o amenaza.
