Con 89 votos a favor y siete en contra, el Senado de la República avaló en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma constitucional de Disciplina Financiera y responsabilidad hacendaria para estados y municipios.
Al ser una reforma constitucional fue turnada a los congresos estatales para su discusión y aprobación.
Entre las modificaciones que esta reforma implica es que queda prohibido para estados y municipios usar deuda contratada en gasto corriente.
Además se establece la obligación de publicar todos los empréstitos y obligaciones en un Registro Público Único, y se creará un sistema de alertas para vigilar la deuda.
Este reforma faculta al Congreso en materia de deuda pública y establece una comisión bicameral legislativa que analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas en las entidades.
Con ello se evitará que la deuda local se traslade a futuras administraciones. Establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir necesidades a corto plazo.
Se reforman los artículos 25, 73 y 117 de la Constitución en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria de las entidades federativas y los municipios.
La deuda deberá destinarse a inversiones públicas productivas, así como a su refinanciamiento y reestructura, siempre bajo las mejores condiciones de mercado.
Además, faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar que el gobierno federal otorgue garantías con cargo al crédito de la Nación en forma adecuada.
La ASF podrá además fiscalizar directamente a los estados, municipios y al Distrito Federal cuando accedan a dichas garantías.
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