Con la reforma que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, la función de revisar el desempeño y los procedimientos sancionatorios para jueces y magistrados en todo el país se adjudicó al Tribunal de Disciplina Judicial, lo que cambió radicalmente la estructura que había venido funcionando en los últimos 30 años dentro de ese Poder del Estado mexicano.

Antes, jueces de carrera revisaban el quehacer de sus colegas a través de la Comisión de Disciplina, con los cambios de la elección por voto popular para definir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, el órgano encargado de sancionar a juzgadores por sus presuntas irregularidades en el desempeño del cargo ha quedado en manos de personajes ajenos a la carrera judicial.

El tribunal que algunos llaman de la nueva inquisición, ahora está integrado por 5 incondicionales emanados de los acordeones y su incorporación fue resultado de la afinidad con el régimen en el poder. Celia Maya, Verónica De Gyvés y Bernardo Bátiz recibieron siempre el impulso de Andrés Manuel López Obrador para intervenir en lo que fue la Judicatura en funciones de consejeros hasta su desaparición, con la reforma simplemente los trasladaron al Tribunal de Disciplina.

Con la elección sin credibilidad, esos 3 rancios perfiles ahora juzgan a los jueces federales con las adiciones de Indira Pérez García y Rufino León Tovar. Este último, ha tenido entre otras responsabilidades la dirección del Instituto del Taxi, así como las direcciones generales de Transportes Eléctricos, Transportes y Vialidad y también la de Movilidad durante gobiernos morenistas en la Ciudad de México. Indira Pérez es la más joven de los 5, fue Auditora Superior en Colima y comisionada de transparencia en esa entidad con nulo conocimiento en temas de impartición de justicia.

Aunque se niegue oficialmente, ahora la disciplina se aplica con criterios ideológicos y para ejercer presiones sobre quienes no quieran alinearse a los nuevos tiempos de este Poder Judicial que encabeza Hugo Aguilar Ortiz. Los impartidores de justicia de la anterior estructura que sobrevivieron a la tómbola y aún se encuentran en funciones, tienen claro que cualquier asunto en el que exista resorte político de interés para el Ejecutivo habrá marcaje personal para evitar resoluciones incómodas en Palacio Nacional. Esa es la realidad en la que trabajan los jueces de distrito y magistrados de circuito que más experiencia tienen. La mayoría de los favorecidos por los acordeones palomeados desde Morena navegan entre la ignorancia jurídica, la prepotencia y el absoluto desconocimiento de los terrenos que pisan.

En ese contexto nadie podría esperar coherencia, independencia, imparcialidad y objetividad en el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial que preside Celia Maya García, excandidata de Morena al gobierno de Querétaro. Hace unos días se presumió un primer informe de labores de ese órgano para anunciar que en 120 días de operación se han iniciado 179 investigaciones.

Evaluar el desempeño de los juzgadores federales es en realidad un filtro de obediencia incondicional. Bajo la guillotina de amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, ¿qué seriedad y certeza jurídica podrían esperar jueces y magistrados para ejercer autonomía plena en sus resoluciones sin el temor de la represalia y la persecución?

 

EDICTOS

De antología resultó la golpiza mediática en la Corte por el escándalo de las nuevas camionetas “machuchonas” para los 9 ministros del pleno, la responsabilidad del genio que tramitó su emplacamiento en Morelos para evadir la tenencia de la capital y la reversa forzada que se anunció el domingo por la tarde para intentar amortiguar la crisis. Otro aderezo para fortalecer la incongruencia de la supuesta austeridad es también el vuelo en primera clase de Loretta Ortiz a Costa Rica, y ahora lo que más indigna es la doble moral y la simulación dentro de una institución que con dinero público se despacha con la cuchara más grande.

Lo verdaderamente grave de los días recientes es el precedente que se ha sentado en el pleno de la Corte, arrodillado ante los dislates de Lenia Batres que con cada ocurrencia hunde más la credibilidad de ese desquebrajado tribunal. Fiel a su vocación porril, la doctora de la Universidad Tepantlato inventó lo que ha llamado “cosa juzgada fraudulenta” para vulnerar la Constitución y la certeza jurídica en la revisión anómala de sentencias firmes e inatacables. Al resolverse una consulta a trámite sobre la posibilidad de reabrir juicios ya concluidos, Batres incluyó un párrafo que posibilita la fractura del principio de cosa juzgada, propuesta que fue rechazada por la mayoría de los togados.

Pese a lo resuelto por sus colegas, se negó a eliminar esas absurdas líneas, impuso su berrinche a la mayoría sin que Hugo Aguilar Ortiz se fajara los pantalones para ejercer su responsabilidad como presidente e hiciera valer el criterio de la mayoría al dirigir el debate. Es un hecho que el pleno está secuestrado por el salvajismo de una destructora de la certeza jurídica, lo ocurrido va mucho más allá de lo meramente anecdótico, revela la soberbia irresponsable de quien se autodetermina por encima de sus pares. ¡Imaginen lo que vendrá en 2027 cuando este esperpento asuma la presidencia de lo que queda de la Corte!

 

    @jenroma27