Es ampliamente conocido que el estado de Morelos, plataforma del turismo, la industria y la agricultura en el centro del país se encuentra atrapado por grupos criminales que se dedican a la extorsión. La situación se agravó significativamente durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco a quien se vinculó durante su sexenio y el periodo en el que fue alcalde de Cuernavaca con diversos grupos del crimen organizado, sin que nada se corrigiera por parte de las autoridades federales que cobijan al exfutbolista.

La dramática situación de esa bella entidad, que además es un polo inmobiliario en el que muchos capitalinos tienen casas de descanso, no ha cambiado durante el gobierno de Margarita González Saravia.

Este es el contexto de un caso que actualmente revisa el único Tribunal Colegiado de Circuito en materia Civil en el Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en la capital morelense. Ahí se litiga un asunto emblemático que descubre la forma de operar de algunos grupos de extorsionadores que estarían protegidos por las autoridades administrativas locales y también judiciales en el Tribunal Superior de Justicia.

Existe un amparo en revisión que muestra la radiografía de una serie de irregularidades cuya resolución está en manos de magistrados federales que representan la última esperanza para fijar diques a quienes se dedican a sondear asuntos inmobiliarios con la finalidad de amedrentar empresarios, sabotear proyectos e intervenir en operaciones de compra venta para propiciar extorsiones.

Tengo en mi poder los antecedentes detallados sobre diversos casos en los que intervienen personajes que se hacen pasar por campesinos o ejidatarios y son la única cara visible de grupos presuntamente vinculados a delincuentes arropados por el aparato administrativo del estado y algunos juzgadores locales.

Se sabotean operaciones inmobiliarias con cualquier tipo de pretexto y valiéndose de escrituras apócrifas o documentos falsos que de forma inverosímil son validados para hacer crecer litigios que secuestran inversiones de empresas y particulares.

Les iré contando más de este y otros expedientes, por ahora les adelanto que el nombre de un supuesto ejidatario involucrado en esta red es Juan Luis Angelino García. Otro personaje en la trama es Julissa Maldonado, una aparente corredora que pide cantidades millonarias para intervenir en los tribunales y resolver los asuntos en el sentido que convenga al mejor postor cuando hay una controversia de esta naturaleza.

Bajo el expediente del amparo directo 264/2025 el Tribunal Colegiado en materia Civil del Poder Judicial de la Federación con sede en Cuernavaca, tiene la oportunidad de revertir una maniobra que permite mapear el modo de operar de este grupo. Los magistrados Alejandro Alfaro Rivera, Ricardo Domínguez Carillo y Xitlali Gómez Teran, quien preside este órgano jurisdiccional, resolverán en los próximos días el caso y representan la última instancia para acotar las artimañas de la extorsión inmobiliaria.

Será obligado que el Órgano de Administración Judicial que preside Néstor Vargas Solano, advierta también la existencia de este tipo de casos en los que la impartición de justicia federal revisa actuaciones que pretenden institucionalizar chantajes.

EDICTOS

En los últimos 30 años no se había registrado un ridículo tan escandaloso desde la Secretaría General de Acuerdos de la Corte. Un error grotesco que exhibe la novatez de Daniel Álvarez Toledo, que lleva 10 días en el cargo, propició que en pleno se diera por aprobada una votación que en realidad había rechazado una contradicción de criterios entre tribunales federales por el pago retroactivo de jubilación de un empleado de la CFE. Un papel crucial del Secretario General de Acuerdos, es tomar la votación de los asuntos que resuelven los ministros para ejecutar al pie de la letra el sentido de sus fallos. Tras el resbalón, que no se advirtió inmediatamente en la sesión, vino el reconocimiento de la pifia de Álvarez Toledo bajo la definición oficial de una “inconsistencia”. Rafael Coello Cetina, titular de la Secretaría General de Acuerdos de la Corte durante 15 años, recientemente despedido, jamás cometió un resbalón de ese calibre. Los tiempos de la prolongada curva de aprendizaje en el Máximo Tribunal tras la reforma que lo desfiguró resultan ciertamente peligrosos.

 

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