EU intenta reconstruir, por otra vía, el muro arancelario que sus propios tribunales desmontaron. La nueva propuesta de la USTR no debe leerse únicamente como una medida laboral. Su relevancia está en que vuelve a colocar los aranceles en el centro de la política comercial, pero ahora bajo una base jurídica más sólida y una narrativa difícil de cuestionar, a saber, la defensa contra el trabajo forzoso.

La lógica de Washington es sencilla en apariencia. Busca imponer aranceles a importaciones provenientes de 60 economías por no prohibir o no aplicar de manera efectiva, restricciones contra bienes producidos bajo condiciones de trabajo forzoso. En el caso mexicano, el impacto inmediato parecería manejable. La Secretaría de Economía informó que las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del T-MEC quedarían exentas, lo que cubriría alrededor de 85% del volumen exportador. Es decir, si bien el golpe comercial puede ser acotado, el precedente jurídico y político no lo es.

La razón es que la propuesta desplaza el centro de la discusión. Nadie podría objetar, seriamente, la necesidad de combatir el trabajo forzoso. Es una causa correcta, urgente y defendible. Lo discutible no es el fin, sino el instrumento elegido para perseguirlo. EU no plantea sancionar únicamente mercancías directamente asociadas por una práctica laboral abusiva, sino castigar la insuficiencia regulatoria de países enteros.

Esa diferencia importa, porque en los hechos, Washington se reserva la facultad de calificar la política comercial y laboral de sus socios. El problema se vuelve más complejo en una economía global fragmentada en lo político, pero todavía interconectada en lo productivo. Un insumo puede originarse bajo condiciones abusivas en un país, transformarse legalmente en otro e incorporarse después a un bien final exportado desde una economía que no generó la infracción. Bajo esa lógica, el país exportador final puede terminar pagando por una falla ocurrida varios eslabones atrás de la cadena.

A esa dificultad técnica se suma una contradicción política; pues muchas veces, los compradores o las marcas que presionan los costos provienen del mismo mercado que después señala. Si la exigencia de producir más barato nace de empresas occidentales, pero el castigo recae sobre el país exportador final, la medida deja de parecer un mecanismo de debida diligencia y empieza a parecer proteccionismo con barniz moral.

Por eso Washington tendría que usar este argumento con prudencia. No olvidemos que en 2024, investigaciones laborales documentaron indicios de trabajo forzoso en cadenas de confección vinculadas con compradores de este país. Y aunque ese precedente no invalida la preocupación, sí la vuelve más incómoda.

En ese marco, aunque el trabajo forzoso debe combatirse con toda seriedad, México no puede responder con ingenuidad. Debe prepararse y fortalecer sus mecanismos de trazabilidad laboral y, cerrar filas en los frentes jurídico, regulatorio y diplomático, antes de que una causa legítima termine operando como pretexto arancelario.

 

  • Consultor y profesor universitario
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