Febrero marcó el inicio de un nuevo episodio de incertidumbre en los mercados internacionales. Y aunque en principio, especialistas han coincidido en que el impacto para México podría ser acotado, el precio internacional del petróleo ya comenzó a sentir los efectos de la guerra; pues hasta ahora si bien los precios se encuentran lejos de un escenario de choque petrolero global, éstos ya han incrementado.

Para México, esta dinámica tiene una doble lectura. Por un lado, un precio más alto del crudo puede representar un respiro relativo para los ingresos petroleros. La Mezcla Mexicana de Exportación se ubica alrededor de los 66.6 dólares por barril, lo que en el margen favorece las finanzas de Pemex y genera ingresos adicionales para el Estado.

No obstante, el beneficio es parcial. Nuestro país sigue siendo, paradójicamente, un país petrolero que importa una parte significativa de los combustibles que consume. Por ello, el aumento del crudo internacional termina trasladándose al precio de las gasolinas refinadas que el país adquiere en el exterior, y es precisamente en ese punto donde aparece el verdadero problema fiscal.

Y digo esto, porque cuando suben los precios internacionales de los combustibles, el gobierno enfrenta dos alternativas: permitir que el incremento se refleje en los precios domésticos o absorber parte del impacto mediante mecanismos fiscales, principalmente a través del IEPS –una estrategia  que ya se utilizó en 2022 tras la invasión rusa, pero que implica un costo: cada peso que se deja de recaudar por este impuesto reduce el margen de unas finanzas públicas por demás frágiles.

Además, a este panorama se suma una nueva presión en el mercado energético. Qatar suspendió parte de su producción tras ataques que afectaron instalaciones estratégicas, una situación que, hasta el momento, ha generado la reducción temporal de la oferta global y ha elevado la incertidumbre sobre los precios del gas. Frente a este escenario, el gobierno ha señalado que trabaja con el sector energético para evitar que la volatilidad internacional se traduzca en aumentos en el costo del gas para los consumidores mexicanos.

Sin embargo, más allá de la coyuntura inmediata, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una vulnerabilidad estructural del sistema energético mexicano, a saber, la limitada capacidad de almacenamiento de combustibles. Actualmente, México sólo puede almacenar aproximadamente 25 días de reservas de gasolina, una cifra significativamente inferior al promedio de los países de la OCDE, que ronda los 45 días.

Esto no significa que nuestro país enfrente una crisis inmediata. De hecho, la estructura del mercado energético norteamericano ofrece cierto grado de protección; pues la mayor parte del gas natural que consume México proviene de EE.UU, lo que reduce costos logísticos y amortigua, en cierto modo, los impactos derivados de choques en el mercado global. Es por ello que, frente a este contexto y, aunque el impacto hoy pueda parecer distante, conviene no perder de vista que aún es incierto cómo evolucionará este conflicto, por lo que habrá de estar preparados para los siguientes pasos.

 

  • Consultor y profesor universitario
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