En tiempos de legislación ambiental reactiva frente a la crisis actual, la nueva Ley de Economía Circular —y las reformas a otros ordenamientos— representa un avance que merece destacarse tanto por su contenido como por la forma en que fue construida. Tras años de minutas, proyectos inconclusos e iniciativas pendientes, el Congreso logró articular un marco coherente, técnicamente viable y, sobre todo, fruto de conversaciones y acuerdos entre sectores que históricamente habían trabajado en paralelo.
El cambio estructural es claro: la ley abandona la lógica de disposiciones restrictivas y adopta un modelo de gestión integral; corrigiendo así la tendencia previa a regular la circularidad mediante prohibiciones generalizadas que, lejos de acelerar la transición, generaban incertidumbre y costos sin beneficios ambientales concretos.
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De modo que el nuevo enfoque —basado en gradualidad, corresponsabilidad y viabilidad técnica— ofrece un andamiaje más racional y capaz de sostener políticas complejas a lo largo del tiempo. Es cierto que varios de estos elementos ya se encontraban en las minutas de 2021, pero el ordenamiento aprobado, los supera.
A ello se suma la clarificación de competencias, que atiende un problema histórico: la dispersión normativa. La creación de un piso regulatorio uniforme reduce espacios de discrecionalidad y fortalece la toma de decisiones, un factor indispensable en un país donde la coordinación institucional suele marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento.
Otro avance relevante está en las definiciones. Conceptos como gestión circular, trazabilidad, responsabilidad extendida del productor —formulada con amplitud suficiente para permitir distintos mecanismos de cumplimiento— y la figura del organismo coordinador aportan certidumbre al sector productivo y reconocen la diversidad de rutas posibles para transitar hacia la circularidad.
Desde luego, el nuevo esquema deberá acompañarse de un esfuerzo educativo sostenido. Varios legisladores han insistido en la inclusión de contenidos sobre circularidad en los planes de estudio, y ese componente cultural será determinante para cerrar brechas entre diseño normativo e implementación real.
En conjunto, estos elementos configuran un hito en la transición hacia un manejo responsable de los desechos, fortalecen la corresponsabilidad entre Estado, sector empresarial y sociedad, y sientan bases para políticas capaces de equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.
No cabe duda que la economía circular no se consolidará de inmediato. Pero por primera vez existe un marco normativo que ordena la ruta, reconoce la complejidad productiva del país y, al mismo tiempo, responde a la urgencia ambiental. Y si bien todo es perfectible, se trata de una ley útil, técnicamente viable y políticamente posible. En el contexto actual, eso constituye un avance sustantivo y, potencialmente, un precedente. A partir de aquí, la tarea apenas comienza.
X: @RicardoMonrealA