La laxitud de los códigos Penal y de Procedimientos Penales de Guerrero impedirán sancionar a los culpables de cambiar el uso de suelo y autorizar fraccionamientos en la zona inundadas y dañadas severamente en septiembre pasado por las lluvias provocadas por Manuel.
Penalmente sólo podrán revisarse los últimos cinco años de administración municipal: uno del perredista Félix Salgado Macedonio, los tres del priista Manuel Añorve y uno del ex dirigente de Movimiento Ciudadano, Luis Walton.
No hay posibilidad de fincar responsabilidades a Zeferino Torreblanca, bajo cuyo mando se cambió el uso de suelo que causó la explosión demográfica de la extensa zona de La Sabana y Acapulco Diamante, y Alberto López Rosas, quien dio las mayores autorizaciones.
En esas condiciones, todo podría quedar en sanción moral y política. De todos, solamente dos ocupan cargos públicos actualmente: López Rosas, quien es secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, y el diputado federal Manuel Añorve.
Walton fue quien, por encargo presidencial, elaboró el historial de la zona de la Sabana y lo entregó a Enrique Peña Nieto en su visita del martes pasado, cuando entregó apoyos y se inició formalmente la reconstrucción.
El concentrado comprende los 94 permisos otorgados de 2002 a la fecha y se cruzan muchos datos para tener las cifras de la superficie afectada, las viviendas y comercios construidos y montos de inversiones.
Simultáneamente, las autoridades estatales y municipales han establecido comunicación para el análisis de las condiciones en que se dieron facilidades para poblar terrenos con vocación agrícola, cauces de ríos y humedales.
Las investigaciones locales están a cargo del procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, quien ya remarcó el plazo de la prescripción para perseguir por responsabilidad oficial: cinco años.
De cualquier manera, también por instrucción presidencial, las investigaciones continuarán en doble vía: en torno al desempeño de organismos federales –especialmente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)- y la corrupción municipal.
Se revisará la actuación de los delegados de ambas instituciones y, en el caso municipal, cómo procedieron los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y de los síndicos administrativos, aunque la responsabilidad mayor recae en los alcaldes.
Fuentes enteradas del caso informaron a 24 HORAS que aún no hay decisión sobre cómo se procedería en caso de encontrar elementos para acusar penalmente a y se esperará otro desglose de los expedientes.
Aunque hay muchas vías de adentrarse en la investigación, hay dos casos paradigmáticos: las plazas Sendero y Diamante, donde se encuentran respectivamente las tiendas Comercial Mexicana y Walmart.
Copias de los expedientes también fueron solicitadas por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Plascencia, desde la semana pasada.
El alcalde Luis Walton prometió entregarla esta semana junto con otros datos útiles para la investigación penal y administrativa.
Suman 23 cuerpos rescatados en La Pintada
Damnificados de la comunidad de La Pintada piden ser trasladados al municipio de Atoyac de Álvarez para estar al tanto del rescate de sus familiares sepultados, luego del deslave ocurrido el pasado 15 de septiembre.
En conferencia en el polideportivo CICI de Renacimiento, de Acapulco, dijeron que, hasta el momento, suman 23 cuerpos rescatados, de los cuales 20 han sido identificados, de un total de71 personas sepultadas por un alud de tierra.
Uno de los damnificados, Cesáreo Moreno Ávila, mencionó que personal de Protección Civil federal determinó que pueden regresar de manera temporal.
Indicó que se construyen 187 casas en zonas seguras en el municipio de la Costa Grande de Guerrero y estarán asentadas a un kilómetro de donde se desgajó el cerro.
Por el momento, un total de 470 personas continúan en el albergue en Acapulco, Chilpancingo y Atoyac.
