Al menos ocho funcionarios de Morena, entre los que destacan gobernadores y legisladores, se han ofrecido como informantes al Gobierno de Estados Unidos en contra de integrantes de su propio partido, señala una reportaje del New York Times.
Tras el anuncio de que el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios de algo nivel de ese estado eran investigados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, un grupo de servidores públicos se ha acercado a las agencias estadunidenses.
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🚨The New York Times (@nytimes) reporta que funcionarios de Morena han sostenido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros integrantes del partido.
— Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026
Esto en medio de las investigaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump.… pic.twitter.com/sWBX93uxSS
Se trataría de una colaboración clandestina, debido a que "funcionarios de la actual administración federal proporcionaron información a autoridades de Estados Unidos sobre integrantes de su propio partido presuntamente relacionados con actividades delictivas".
El NYT aseveró que la colaboración se activó "en medio de las investigaciones impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump".
El reportaje señala quee "al menos ocho personas participaron en conversaciones que permitieron aportar información utilizada en las indagatorias del Departamento de Justicia de Estados Unidos".
Dichos contactos "formaron parte de una estrategia para fortalecer las investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico".
El NYT informó que "las autoridades estadounidenses mantienen bajo investigación a alrededor de 10 funcionarios identificados con Morena por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa".
Resalta que "hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado ese señalamiento", puntualiza el texto informativo respecto a las acusaciones de obstrucción. Asimismo, se recordó que en escenarios similares, la mandataria federal "ha solicitado que cualquier acusación contra servidores públicos esté respaldada por pruebas y evidencias".