En el marco de los 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996, luego del levantamiento armado por falta de condiciones para los indígenas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, señaló que esta comunidad se reencuentra con esa realidad. “Las causas que dieron origen a la rebelión no han desaparecido, se han reconfigurado y adoptado formas inéditas”.
Durante una ceremonia donde se concretó la donación del acervo documental de la asociación civil SEPARAZ al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), el rector de la máxima casa de estudios del país, consideró que ni las reformas legislativas posteriores ni las políticas públicas planteadas recogieron plenamente el espíritu de esos debates ni la efervescencia social que los acompañó.
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Dijo que ese periodo de la historia de Chiapas, estuvo atravesado “por la militarización, la presencia de grupos paramilitares y la muy dolorosa masacre de Acteal, hoy impunidad ha dejado una huella perdurable de dolor, indignación en las comunidades que sostuvieron sus reclamos de inclusión e independencia”.
A ello, dijo, se sumó la expansión del crimen organizado en Chiapas y en otras regiones en una dinámica compleja que impone economías ilegales, provoca desplazamientos forzados, reclutamientos y despojo y se entrelaza con cacicazgos y redes de poder local.
El rector recordó que de acuerdo con datos del INEGI, el 66% de la población chiapaneca vive en pobreza multidimensional y casi el 30% de la pobreza extrema, las cifras más altas del país. Hacia finales de 2025, poco más del 60% de su población tenía un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, casi el doble del promedio nacional. Lo que se expresa con particular crudeza en el ámbito educativo.
Dijo que la cobertura de educación media superior alcanza apenas el 59% frente a un promedio nacional superior al 80%. La brecha se amplía aún más en la educación superior donde solo el 19.7% de la población en edad típica accede a este accede a este nivel, menos de la mitad del promedio nacional.
Leonardo Lomelí, señaló que a estos factores “también debemos la manifestación de intereses extractivos inmobiliarios que afectan territorios indígenas, generan tensiones socioambientales y ponen en riesgo distintos modos de vida. Se expresa además en la criminalización de la organización comunitaria y en la normalización de la autodefensa frente al abandono u omisión institucional en el ámbito local. Todo esto refleja que las condiciones que dieron origen a la crisis no han sido superadas”.
Por ello, enfatizó que “30 años después, San Andrés se reencuentra con esa realidad. Las causas que dieron origen a la rebelión no han desaparecido, se han reconfigurado y adoptado formas inéditas”.