El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en vías de extinción, expresó su “extrema preocupación” por el recorte presupuestal de más del 70% para el ejercicio fiscal de 2025, que pone en riesgo la operación y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
“Lamentamos que no se hayan considerado las preocupaciones y riesgos que advertimos a los diputados federales por medios institucionales, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la drástica reducción a los recursos presupuestados”, indica un posicionamiento del órgano autónomo, que se fusionará con el órgano de Competencia Económica.
Explicó que la reducción es tal que, considerando una inflación acumulada de 62% de enero de 2014 a noviembre de 2024, los 500 millones de pesos de presupuesto aprobados para 2025, equivalen a menos de 10% del presupuesto anual con el que contó el IFT en 2014.
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Respecto a dicha reducción presupuestal, el IFT manifestó que “el Decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica establece que este Instituto deberá seguir cumpliendo con su mandato constitucional hasta en tanto transcurran los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el artículo Décimo transitorio del propio Decreto.
En este lapso, el IFT aseveró que deberá ejercer sus funciones como el órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en materia de competencia económica para ambos sectores, por lo que los recursos presupuestales asignados resultan insuficientes para cumplir con dichas responsabilidades.
No contar con el presupuesto mínimo indispensable coloca a este órgano regulador “en una situación crítica, pues se comprometen seriamente los mandatos constitucionales y su propia operación, que además está contenida en compromisos expresos de nuestro país en tratados internacionales, en particular el T-MEC. Todo ello, en perjuicio del desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y por ende, de las personas usuarias de los servicios y las audiencias”.
A su vez, la reforma, indicó, estableció que “es obligatorio priorizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas que componen esta institución, lo cual estaría en riesgo de cumplirse con el presupuesto asignado”.
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Otro de los efectos del recorte es “dejar de realizar importantes proyectos que este Instituto ha implementado en favor de los usuarios, de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la inclusión digital”.
La falta de presupuesto eliminará la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, que se realiza junto con el INEGI pero que es financiada por el IFT, con lo cual se carecerá del diagnóstico sobre la evolución en el uso de diversas tecnologías por parte de la población en nuestro país, útil para el diseño de políticas públicas encaminadas al cierre de la brecha digital.
Otro de los programas eliminados es Proradio, el programa a través del cual personal del Instituto promueve la obtención de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “ofreciendo orientación y apoyo para los trámites y puesta en marcha de estos proyectos que contribuyen a preservar su lengua y costumbres, con el cual se reducirá la posibilidad de que más de estas comunidades cuenten con su propio medio radiofónico”.
También se compromete el “otorgamiento del 1% del presupuesto de comunicación social y publicidad a las estaciones de radio comunitarias, indígenas y afromexicanas, conforme a lo previsto al artículo 89 fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dado que ya no se contará con el presupuesto para publicidad institucional”.
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Otra área afectada es el “mantenimiento tanto al Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) como al Sistema de Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER), lo que afectará las acciones de planeación de despliegue de infraestructura y espectro”.
El IFT llamó a que se considere la asignación adicional de recursos durante el ejercicio fiscal 2025 que le permitan atender y cumplir sus tareas sustantivas, y cumplir con lo previsto en la reforma constitucional aprobada en términos de respetar los derechos laborales de su personal, mientras el Instituto continúe en funciones y el capital humano sea transferido a los nuevos entes gubernamentales que asumirán sus funciones.
MSA
